Uruguay: Un juez ordena suspender la vacunación contra el COVID-19 en niños menores a 13 años
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También prohibió el pase sanitario para entrar o salir del país. La decisión del magistrado marca una gran victoria para la transparencia y la libertad.
Una gran victoria para la transparencia y la libertad en Uruguay se dio este jueves, luego de que el juez Alejandro Recarey ordenara al gobierno uruguayo “la suspensión inmediata de las vacunaciones contra el SarsCov-2 (Covid-19), a menores de 13 años de edad, bajo apercibimiento de desacato”.
El magristrado también falló contra el Ministerio de Salud Pública a que se “abstenga de todo acto, hecho u omisión que exponga la situación sanitaria” o se “imponga un trato diferencial” a personas para salir o entrar a Uruguay por su condición de “no vacunadas”.
La sentencia indica que no se puede seguir vacunando niños hasta que Pfizer, el único laboratorio que recibió el permiso para vacunar menores de 13 años por parte del gobierno, responda una serie de preguntas respecto a la composición de la fórmula de las vacunas y brinde detalles acerca del contrato firmado con el gobierno uruguayo, que hasta el momento se ha mantenido confidencial por pedido de la empresa estadounidense.
Recarey entiende que se debe “suministrar a los responsables de los menores que se vacunen” un texto “que informe completamente y con claridad” del contenido de las inyecciones, sus beneficios, los riesgos que conlleve su suministro “con detalle de naturaleza, probabilidad y magnitud“, y los “efectos adversos ya detectados, en su totalidad”.
El valiente juez asumió como suplente en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo durante la feria judicial y aceptó una medida cautelar presentada por el abogado Maximiliano Dentone, que estaba cajoneada.
En ella se pedía aportar documentación sobre la composición de las vacunas y pidió que se suspenda la vacunación “en edades pediátricas” hasta que se esclarezca la situación.
El Ministerio de Salud de Lacalle Pou estalló de la furia, en un comunicado divulgado por Daniel Salinas, el ministro de Salud que diseñó el contrato confidencial con Pfizer. En una clara intromisión del Poder Ejecutivo en una decisión judicial, Salinas opinó sobre el fallo.
El gobierno sostuvo que el recurso de Dentone “no cumple con ninguno de los presupuestos y requisitos que esta acción excepcional, residual y sumarísima requiere” para cursar su presentación, “lo que evidencia que debió ser rechazada de plano” por el juez.
En la misma línea, alegó que “la vacuna no solo es eficaz, sino también segura, aprobada por el Ministerio de Salud Pública y por las principales agencias sanitarias del mundo“, una afirmación que requiere de confianza en el funcionario, ya que la aprobación se hizo a puertas cerradas y ni la fórmula ni el contrato han sido publicados.
Y en el peor comentario jamás registrado en un comunicado del Ministerio de Salud Pública, Salinas se arroga la suma del poder público en cuestiones sanitarias, argumentando que “la actuación del juez constituyó una clara violación a la separación de poderes, invadiendo potestades sanitarias, a cargo del Poder Ejecutivo“.
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