Sombra de destitución de Pedro Castillo agudiza inestabilidad política en Perú

El presidente Pedro Castillo enfrenta una probable votación esta semana en el fragmentado Congreso sobre la posibilidad de iniciar un juicio político que podría sacarlo del poder a poco más de cuatro meses de asumir funciones.

El exmaestro rural que ganó las elecciones por un estrecho margen está combatiendo incendios por todos lados: su partido marxista lo critica porque lo considera demasiado moderado, partidos de derecha impulsan su destitución, conflictos sociales están afectando al crucial sector minero y los fiscales investigan presuntos casos de corrupción en su entorno.

Esta incertidumbre preocupa al mercado y a los inversores en el segundo mayor productor mundial de cobre, que gozó en los últimos años de una sólida historia de crecimiento económico y de ser un lugar atractivo para el capital en América Latina.

“Es un gobierno caótico que no tiene idea de cómo gestionar, y no disipa las dudas para dónde se va”, dijo Alonso Segura, exministro de Economía y Finanzas. “Esto está creando riesgos moderados y altos como restringir las decisiones de inversión”.

Las expectativas empresariales sobre la economía local a 12 meses volvieron en noviembre al tramo pesimista, según la última encuesta mensual del Banco Central de Reserva (BCR) difundida el viernes.

Castillo, quien llegó al cargo en julio respaldado por el enojo de peruanos postergados que querían un cambio, había calmado a los mercados y a los inversores desde el principio de su mandato con designaciones moderadas para su gabinete, aunque eso llevó a romper con su partido Perú Libre.

Desde entonces ha renovado a varios ministros, mientras que amenazas de nacionalizar el gas y cerrar algunas minas en conflicto, a menudo con mensajes contradictorios, han minado su popularidad entre los votantes e inversionistas, perjudicando a la moneda local y a la calificación de la deuda de Perú.

Sus opositores en el Congreso buscan vacarlo alegando “incapacidad moral” y amiguismo, acusaciones que Castillo ha rechazado y denunciado que “partidos de derecha y grupos económicos” son los que impulsan sacarlo del poder.

“El objetivo de estos grupos es vacar al presidente, sin ningún sustento y con absoluta irresponsabilidad con las consecuencias que estos actos antidemocráticos tienen para nuestra población”, dijo Castillo la semana pasada.

Apoyo se precipita

No obstante, los diversos problemas han pasado factura. Según un sondeo del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), publicado a fines de noviembre, la aprobación a Castillo cayó a un 25%, desde un 35% en octubre; siguiendo la tendencia de otras encuestadoras.

Y un 62% cree que el presidente no terminará los cinco años de su mandato, mientras que un 31% dijo que sí.

En el último traspié para Castillo, la fiscal de la Nación citó al mandatario para declarar a mediados de diciembre en una investigación sobre presunta injerencia del gobierno en el ascenso de oficiales en las Fuerzas Armadas.

En el Congreso, con un historial de polémicas destituciones, la oposición debe reunir 52 votos de los 130 legisladores para dar inicio al proceso de juicio político. Luego, en otra sesión plenaria, conseguir al menos 87 votos para destituir a Castillo.

Los tres partidos que promueven esta iniciativa tienen 43 votos. Pero en los últimos días miembros de otras bancadas han dicho que apoyarían dar el primer paso.

Su propio partido Perú Libre no descarta respaldar la moción de partida del tramite de destitución. Castillo tampoco sería el primer presidente peruano en ser forzado a dejar el poder.

Perú ha tenido desde el 2016 cinco presidentes incluyendo a Castillo. En el 2018 Pedro Pablo Kuczynski renunció a la presidencia minutos antes de una votación de destitución que estaba seguro de perder, mientras Martín Vizcarra fue destituido en noviembre del año pasado en una votación en el parlamento.

“Tenemos un presidente incompetente, sin rumbo, lo suficiente para forzarlo a que vaya al Congreso y responda a las acusaciones”, dijo el legislador Carlos Anderson, del partido opositor Podemos Perú, que quiere llevar a Castillo al banquillo de acusados, aunque no necesariamente para expulsarlo.

“Sin embargo, para el juicio político no hay evidencia clara de incapacidad moral permanente”, afirmó el parlamentario.

Eduardo Dargent, politólogo y profesor de la Pontificia Universidad Católica de Perú, señaló que Castillo ha “tomado malas decisiones, con gabinetes parchados” y enviado mensajes pocos claros, sin cumplir con las expectativas que se habían fijado.

Sin embargo, advirtió que el proceso de vacancia presidencial se estaba normalizando y amenazando la estabilidad en el país. “Estamos generando una política en la cual la vacancia se ha convertido en hacer política y eso no está diseñado en la Constitución ni remotamente”, consideró.

Con información de Reuters

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