Revelan nueva trama de corrupción en Pequiven, desaparecieron 65 millones de dólares

El reciente escándalo que involucra a Pequiven no es, lamentablemente, nada nuevo en Venezuela, un país que ha estado plagado de escándalos de corrupción durante más de una década. Este caso en particular gira en torno a 65 millones de dólares que el gobierno venezolano invirtió en una empresa mixta llamada Veniran. Según documentos gubernamentales (Punto de Cuenta) fechados el 24 de agosto de 2016, los fondos fueron depositados en la cuenta de Pequiven en el Banco Suizo BSI, con el propósito declarado de apoyar un proyecto de empresa mixta, probablemente destinado al desarrollo de la producción de metanol.

Sin embargo, las autoridades venezolanas han descubierto que, en lugar de asegurar estos activos, los fondos fueron transferidos en circunstancias sospechosas, lo que resultó en la desaparición de 60 millones de dólares en activos que se decía eran efectivo y bonos venezolanos denominados en dólares.

El departamento de tesorería de Pequiven, dirigido por altos funcionarios, fue coaccionado para transferir estos activos. Los 60 millones de dólares fueron enviados a una pequeña firma de corretaje panameña controlada indirectamente por Fernando Antonio Lauria Romero. La firma, IG Capital, era un corredor debidamente regulado y tenía la tarea de salvaguardar los activos. El corredor estaba dirigido por Ángel Francisco Ugueto Otáñez, presidente y gerente general, y Arturo Ignacio Siso Sosa, quien dirigía las operaciones y actuaba como un hombre de paja para Lauria, ya que este último era un fugitivo de un robo anterior en 2010, cuando desaparecieron más de 522 millones de dólares en bonos venezolanos del Bancoro, un banco que él controlaba.

En lugar de cumplir con sus deberes fiduciarios para salvaguardar los activos de Pequiven, Ugueto, Lauria y Arturo Siso tramaron un plan para malversar los fondos. Creyendo que un cambio de régimen era inminente en 2019, colaboraron con funcionarios clave de Pequiven, incluidos Rubén Ávila Ávila, entonces presidente de Pequiven, y Jesús Díaz Altuve, director interino de finanzas. El esquema involucraba liquidar su corredor panameño y pretender transferir los activos de sus clientes a una pequeña firma suiza no regulada llamada Private Wealth Corporation bajo un contrato de cesión falso.

En lugar de transferir los activos a Private Wealth Corporation como se acordó, Lauria, Ugueto y Siso redirigieron bonos de PDVSA por un valor de 120 millones de dólares a cuentas controladas indirectamente por sus familiares, incluidos Inés Margarita Lauria Romero, Isabel Osio de Lauria y Beatriz Briceño de Lauria. Además de los bonos, alrededor de 30 millones de dólares en efectivo derivados de cupones y ventas de bonos fueron canalizados a través de una compleja red de cuentas fiduciarias y cuentas offshore en EE. UU., Reino Unido, Suiza y Antigua. Estas cuentas estaban controladas por Lauria, Ugueto y Siso, con D Bank Antigua (propiedad del cuñado de Lauria) actuando como un centro clave en esta red de transacciones.

D Bank no es ajeno a la corrupción. Anteriormente ha estado vinculado a otros escándalos, incluida la desaparición de 522 millones de dólares en bonos del colapso de Bancoro en 2011, un banco que Lauria controlaba. Lauria posteriormente huyó del país después de que el gobierno lo acusara de este fraude masivo. Hasta el día de hoy, el paradero de los bonos desaparecidos sigue siendo desconocido, y Lauria sigue siendo un fugitivo, presumiblemente viviendo en Miami. Aproximadamente 30 millones de dólares en efectivo fueron invertidos por Siso en varios proyectos inmobiliarios en el enclave de lujo de Coral Gables, Florida, y Salamanca, Madrid. Siso también sigue siendo un fugitivo, presumiblemente viviendo en Madrid, disfrutando de la buena vida, mientras que Ávila, Ugueto y Díaz están en la cárcel.

En 2019, Pequiven comenzó a cuestionar el estado de su cuenta en IG Capital, solo para descubrir que el corredor había cerrado y sido liquidado. Se suponía que los bonos debían haber sido transferidos a Private Wealth Management, pero la firma negó haberlos recibido y sus ejecutivos han sido falsamente acusados de participar en el esquema. Rápidamente quedó claro que los activos estaban desaparecidos y que las perspectivas de un cambio de régimen eran escasas, complicando las cosas para Lauria y Ugueto, quienes ahora tendrían que explicar la desaparición de los bonos y los fondos.

La investigación, iniciada por la Fiscalía Anticorrupción de Venezuela bajo el número de caso MP 167764-2021, finalmente confirmó que los activos habían sido robados. En abril de 2024, las autoridades arrestaron a Ávila, Díaz y Ugueto, emitiendo órdenes de arresto para otros individuos involucrados en el esquema, incluido Siso. Los cargos incluyen terrorismo financiero, malversación fraudulenta (bajo el Artículo 54 de la Ley Anticorrupción), lavado de dinero y crimen organizado. A pesar de los arrestos, los fondos robados siguen sin ser contabilizados y Siso y Lauria permanecen en la clandestinidad.

Investigación Fiscal MP-167764-2021.

Fiscalía 57 Nacional contra la corrupcion.

irregularidades ocurridas en la empresa Petroquímica de Venezuela, S.A (PEQUIVEN), atribuidas a la empresa IG Capital y Private Wealth Corporation, las cuales han retenido la cantidad de USD 60.000.000,00; Los fondos en cuestión estaban en una cuenta en el BANCO SUIZO ITALIANO (BSI) destinados a la ejecución de un Proyecto con la Empresa Mixta VENIRAN, de Proyectos de la Revolución Petroquímica Socialista; como consta en el Punto de cuenta del 24 de Agosto de 2016, fue la cantidad de USD 65.000.000,00, los cuales estaban destinados a ese Proyecto, pero es decisión de la Junta Directiva de ese momento de PEQUIVEN que decidieron celebrar el CONTRATO DE CORRETAJE BURSATIL con la Empresa IG CAPITAL y transferir esos fondos desde el BANCO SUIZO ITALIANO (BSI) a la empresa IG Capital, en Panamá, quienes cedieron dichos fondos de manera definitiva a la firma Private Wealth Corporation, sin AUTORIZACION DE PEQUIVEN, ya que no se evidenciaba un acuse de recibo de esa NOTIFICACION del 05 de julio de 2018.

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