¿Qué implica que la CPI abra una investigación al régimen de Nicolás Maduro?

Las organizaciones de derechos humanos en Venezuela calificaron como «un logro» el anuncio de una investigación por parte de la Corte Penal Internacional al régimen de Nicolás Maduro por posibles crímenes de lesa humanidad durante la represión de manifestaciones antigubernamentales en 2017.

Rafael Uzcátegui, coordinador de la ONG defensora de derechos humanos Provea, estimó en esa red social que la investigación de la CPI “ratifica que: Sí ocurrieron crímenes contra la humanidad y (…) no han sido investigados debidamente hasta ahora. Se derrumba la estrategia de simulación oficial promovida atropelladamente”.

La decisión conlleva a una posible condena por las torturas, delitos y detenciones arbitrarias en Venezuela y que las víctimas por fin tengan justicia, después de varios años.

Al respecto, el presidente interino del país, Juan Guaidó, aseguró que la decisión de la CPI “reivindica el derecho a la justicia” para las víctimas de presuntos crímenes de lesa humanidad y ratificó el compromiso del sector opositor que representa en colaborar con la investigación.

La CPI, con sede en La Haya, abrió un examen preliminar en 2018 por la acción de efectivos de seguridad en protestas que dejaron un centenar de muertos un año antes, caso que ahora pasa a la próxima fase. “Les pido a todos, a medida que entramos en esta nueva etapa, que den a mi oficina el espacio para hacer su trabajo”, comentó Khan.

Alfredo Romero, director del Foro Penal se refirió a la decisión de la CPI y señaló que esto implica la posibilidad de colectar evidencias y entrevistar a testigos o víctimas.

“Esperábamos que el pase a investigación no ocurriera en el corto plazo”, afirmó por su parte Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, quien destaca que el acuerdo de colaboración reconoce que los esfuerzos de investigación que se hacen en Venezuela son insuficientes. “El país puede pedir, en los casos que se vayan a presentar, que se les permita ser juzgados en el país, pero eso no quiere decir que expresamente vaya a ocurrir”.

Daniels recalca que, efectivamente, el anuncio es un progreso “enorme” y una buena noticia para todos los que esperan justicia.

Esta fase de investigación se abre con el caso Venezuela, cuyo examen arrancó en 2018 y recoge los crímenes de lesa humanidad cometidos a partir de 2017 en las protestas antigubernamentales

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El documento leído desde Miraflores sentencia que la República, a través de la Constitución, consagra la garantía de los derechos humanos y tiene incorporado la reparación de las víctimas.

“Es inédito que el fiscal haga anuncios de una apertura de investigación en el propio Estado concernido”, detalla Simón Gómez, de la Ong Defiende Venezuela. El abogado le explicó a El Tiempo que esta decisión histórica pudiera ser objetada por el país, pero que para eso dispone de 30 días según el estatuto.

Con información de El Tiempo

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