Lula creó un nuevo impuesto para la exportación de crudo y las petroleras anuncian que dejarán de invertir en Brasil
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En menos de 100 días de administración el Gobierno del PT tomó decisiones abiertamente contrarias al crecimiento de la inversión privada y las exportaciones. Las principales petroleras del país suspendieron las inversiones y presentaron un reclamo ante la Justicia.
A partir de marzo, el Gobierno de Lula da Silva resolvió la aprobación de una serie de medidas impositivas restrictivas, entre ellas la vuelta de los impuestos al combustible y la aplicación de un nuevo impuesto a las exportaciones petroleras con una tasa de hasta el 9,2%.
Se trata de una medida completamente anacrónica, ya que el país no establecía gravámenes significativos a la exportación desde la década de 1980. La recaudación por retenciones en Brasil solamente representó entre 41 y 162 millones de reales anuales desde 2010, una cifra cercana al 0,1% de la recaudación total.
El gravámen provoca un diferencial de precios entre lo que perciben los productores internos y el precio del mercado internacional, del mismo modo en que ocurre en Argentina y Venezuela. La pérdida de rentabilidad percibida por las firmas radicadas en Brasil desalienta activamente la producción, la inversión y la entrada de divisas.
El Gobierno socialista defendió las medidas, no sólo por razones impositivas sino también con el fin de “incentivar el abastecimiento para el mercado interno”, una retórica muy similar a la que pronunció el presidente Alberto Fernández a propósito de la exportación de carne. Pero esto solo promete generar un efecto de corto plazo, que podría consumirse tan pronto como se produzca la caída efectiva en el nivel de producción.
Las principales empresas petroleras radicadas en Brasil, entre ellas Repsol, Total Energies, Shell, Equinor y Galp, decidieron acudir a la Justicia brasileña para solicitar medidas cautelares. Además, cuestionaron la continuidad de las inversiones en el país debido al clima de incertidumbre que generó el Gobierno.
“La medida, que fue anunciada sin un diálogo significativo con la industria, genera incertidumbre sobre nuevas decisiones de inversión, afectando la competitividad de Brasil en el sector de exploración y producción, en el que Brasil tiene un fuerte potencial geológico”, advirtió la empresa Shell en un comunicado oficial.
En principio, el gravamen para la exportación de crudo fue establecido con carácter “temporal” para el período marzo-junio, pero lo cierto es que no existe una mayor certidumbre sobre la reglas de juego operativas en el país porque el Congreso brasileño tiene la facultad de modificar el plazo de vigencia de la medida y extenderlo más allá de los cuatro meses previstos.
Sin reglas de juego estables no puede existir previsibilidad para el desarrollo de la inversión. El oficialismo no mostró mayor preocupación por el cambio incesante de reglas, y en uno de sus primeros actos de gobierno decidió anunciar la cancelación de la venta de Petrobras, una de las privatizaciones programadas por Bolsonaro y probablemente la de mayor potencial en la historia del país (solo por detrás de Eletrobras).
Sin retenciones de ningún tipo y sin controles cambiarios, la producción petrolera se expandió hasta un 23% durante la gestión del expresidente Jair Bolsonaro, y Brasil se consolidó como el noveno productor de crudo a nivel mundial.
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