Los horrores del Socialismo: López Obrador decretó la estatización de todo el litio en México
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El Estado concentrará el monopolio de la exploración y explotación del mineral, anulando completamente el apetito inversor en el sector. La inversión real del país perdió el 20% de su potencial desde que el socialismo llegó al poder.
El presidente socialista de México, Andrés López Obrador, decretó oficialmente la estatización de todas las explotaciones de litio en el país, el pasado 18 de febrero. El Congreso ratificó la decisión del Presidente, y se complementa con la reforma ya aprobada en abril del año pasado que declaraba al litio como “propiedad de la Nación”.
A partir de las nuevas normativas, ninguna empresa privada ni extranjera ni nacional podrá explorar y explotar litio, esta potestad queda a limitada al celoso monopolio del Estado mexicano, de la empresa estatal Litiomx.
Esta medida es un paso más en la socialización de la economía, y su consecuente descapitalización, lo cual los socialistas mexicanos tienen como un objetivo.
Gracias a esta medida, fueron anuladas todas las inversiones que estaban previstas por la empresa británica Bacanora Lithum, que recibió una concesión durante el gobierno de Peña Nieto para el desarrollo de las exportaciones de litio. Se trata de un mineral estratégico para el desarrollo de celulares y baterías de automóviles eléctricos, y esta medida sin lugar a duda llevará a una suba del precio.
El Estado mexicano pondrá en marcha el denominado “Plan Sonora”, un proyecto que pretende iniciar la explotación del mineral sobre los mayores yacimientos dentro del país. Las empresas privadas podrán participar en el uso y la transformación del litio, pero no así en su extracción y explotación.
La estatización del litio supone la segunda gran expropiación llevada a cabo por López Obrador. El primer avance importante en este sentido se produjo con la reforma energética de 2021, que centralizó todos los proyectos de energía bajo la supervisión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Si bien el Gobierno anterior del PRI aprobó una reforma constitucional que abrió el mercado energético a la inversión privada nacional y extranjera, la contrarreforma de 2021 exige que todas las inversiones deberán celebrar contratos en asociación con la CFE y la petrolera estatal PEMEX.
También se decretó el fin de las Zonas Económicas Especiales (análogas a las zonas francas en Argentina), diseñadas para atraer grandes flujos de inversión en áreas con dificultades socioeconómicamente y con más necesidad de desarrollo. La decisión supuso el fin de una inversión potencial por 42.287 millones de dólares y la creación de 367.000 puestos de trabajo formales.
El resultado de las medidas fue demoledor para la inversión privada y el crecimiento. El gasto en inversión dejó de ser el motor del crecimiento de la demanda interna de México, y perdió el 19,8% de su valor potencial desde el año 2019.
La tendencia de crecimiento del país fue completamente abandonada. En lo que va de la administración socialista, el ingreso real por habitante solamente creció un 0,68% en 5 años. El sexenio de López Obrador acabará, casi con certeza, ostentando la menor tasa de crecimiento per cápita de los últimos 100 años.
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