López Obrador firmó la expropiación de tres tramos férreos a Grupo México y provocó una amarga reacción en los mercados
3 minutos de lecturaEl presidente socialista sigue deteriorando las garantías para los derechos de propiedad en el país, mientras que la economía se estanca por falta de interés inversor. Las acciones de Grupo México se desplomaron hasta un 4,2% tras darse a conocer la noticia.
El Gobierno de Manuel López Obrador determinó la rápida expropiación de tres tramos de Ferrosur en Veracruz, pertenecientes al conglomerado industrial Grupo México. Las instalaciones pasaron a la administración directa de la empresa estatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y con participación operativa de las Fuerzas Armadas.
“La sorpresiva e inusitada toma de las instalaciones por parte de las Fuerzas Armadas está siendo analizada por parte de Grupo México Transportes, sus inversionistas y asesores. La empresa continuará brindando el servicio a sus usuarios sin ninguna afectación por el momento, solo con la vigilancia de las Fuerzas Armadas y se informará oportunamente sobre las acciones a seguir”, anunció Grupo México tras anunciarse la noticia.
De esta forma, se pone fin a un contrato de concesión acordado en diciembre de 1998 y más tarde ratificado en noviembre de 2012 en favor de Ferrosur. El Gobierno justificó la iniciativa por “cuestiones de seguridad nacional” pero lo cierto es que continúa con una agenda marcadamente estatista y socialista, como ya lo demostró con la centralización de los proyectos de energía o la expropiación de las explotaciones de litio.
Los mercados reaccionaron negativamente al aplastante avance del Estado sobre la seguridad jurídica en el país. Las acciones del conglomerado industrial mexicano se desplomaron hasta un 4,2% tan solo unas pocas horas después de anunciarse la expropiación ferroviaria. Sin previo aviso y de un día para otro, se ven anuladas inversiones millonarias y una serie de proyectos de largo plazo previstos por la empresa.
La inestabilidad de las reglas de juego en la economía es actualmente el principal factor de desaliento para la inversión privada. Así lo constató el Consejo Coordinador Empresarial de México (CCE), asegurando que las medidas dispuestas por el Gobierno federal atentan directamente contra la confianza recreada en la economía mexicana desde la década de 1990.
La agenda socialista de López Obrador no es fortuita, acumula un costo sideral desde 2019. La inversión privada de México perdió completamente su dinamismo y abandonó su tendencia de crecimiento de largo plazo. Para el cuarto trimestre de 2022 la inversión privada de México perdió hasta el 23% de su tamaño potencial, acorde a la tendencia de crecimiento del sexenio del presidente Peña Nieto.
Esto condujo a un severo estancamiento del PBI, que solamente logró crecer un 0,41% desde enero de 2020. Por otra parte, el ingreso real por habitante del 3% desde que López Obrador llegó al poder en diciembre de 2018, el estándar medio de vida se ve cada vez más rezagado.
Las políticas del Gobierno se encargaron de dinamitar uno de los principales motores que había mantenido la economía mexicana desde las reformas estructurales llevadas a cabo por Carlos Salinas de Gortari y Miguel de la Madrid.
Por otra parte, las fatídicas renegociaciones sobre el acuerdo NAFTA contribuyeron a multiplicar los obstáculos para el comercio bilateral con Estados Unidos y esto deterioró la capacidad exportadora del país, otro de los pilares del modelo económico anterior. El crecimiento de la economía se queda sin motores, mientras que el estancamiento deteriora el nivel de vida a medida que crece la población.
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