Las reformas tributaria y de pensiones de Boric atentan contra la inversión, el mercado de capitales y las exportaciones
4 minutos de lecturaLos pilares del llamado “modelo chileno” entran en jaque tras la discusión y posible aprobación de la reforma del sistema previsional y los cambios sobre el esquema tributario. Se despliegan ataques directos a los principales motores de la economía desde la década de 1980.
El Gobierno de Gabriel Boric presentó una agenda para reformar el sistema de pensiones y reformar el esquema impositivo de Chile. Las reformas erosionan los efectos de los principales motores que, hasta ahora, lideraban el crecimiento de la economía desde la década de 1980: las exportaciones, el mercado de capitales doméstico y el ratio de la inversión sobre PBI.
La apertura arancelaria permitió que Chile se convirtiera en un país abierto al comercio internacional y con una gran participación de las exportaciones en relación al tamaño de su economía.
La privatización del sistema de pensiones le permitió al país generar las bases para establecer un mercado de capitales en moneda local, un factor clave para el crédito inmobiliario y empresarial. Asimismo, el sistema impositivo que Chile mantuvo en los últimos años se caracterizaba por evitar distorsiones y por agilizar la eficiente circulación de recursos.
Estos pilares son amenazados por las reformas de Boric. La reforma impositiva del Gobierno pretende aumentar la tasa máxima del impuesto a las Ganancias del 40% al 43%, al mismo tiempo en que se aumentan las alícuotas sobre los 3 tramos precedentes. Esto atenta contra la oferta de trabajo y la acumulación de capital en la economía.
Asimismo, la reforma tributaria propone introducir retenciones a las exportaciones mineras con alícuotas ad-valorem de entre 2% y hasta 32%. No sólo conforma un desincentivo a exportar, sino que distorsiona la inversión de recursos en la economía y se adopta un impuesto que no existe en las economías desarrolladas a las que Boric pretendía emular.
La firma Goldman Sachs advirtió que el sesgo anti-exportador de la reforma tributaria de Boric desalienta la inversión en uno de los sectores más dinámicos de la economía, y afecta negativamente al crecimiento.
Se debe tener en cuenta que con uno menor saldo exportable disminuye la capacidad de importar para una economía, a través del impacto sobre el tipo de cambio que genera la escasez de divisas. Una economía más cerrada a la exportación también es más cerrada a la importación, y con ello también es inferior la capacidad de adquirir insumos extranjeros y tecnología moderna para sostener el crecimiento.
La acumulación de capital también se vería castigada por medio de la introducción del impuesto al patrimonio, con tasas que varían de entre el 1% y el 1,8% sobre la valuación fiscal anual de los bienes imponibles. Se trata de un impuesto similar a Bienes Personales en Argentina.
El objetivo de la reforma tributaria no es corregir los desequilibrios de las cuentas públicas, Chile ya logró alcanzar el superávit primario e incluso financiero (pagando intereses de deuda) desde el mes de agosto. El objetivo real es captar una mayor fuente de recursos para permitir una expansión fiscal sin incurrir en déficit fiscal.
El pilar del mercado doméstico de crédito se vería directamente atacado por la reforma previsional. Boric propone crear un ente estatal para centralizar y estatizar las tareas de afiliación de contribuyentes, recaudación de fondos y realización de pagos de beneficios capitalizados, poniendo fin a las AFP tal y como se las conoce.
El rol de las AFP quedaría reducido simplemente a la inversión de los fondos capitalizados pero no a la administración de los mismos. Además, los contribuyentes perderán la libertad de elegir qué riesgo están dispuestos a tolerar a cambio de mayores rendimientos futuros, y el Estado creará su propio fondo de inversión autónomo para injerir en el mercado segmentado de ya relajadas AFP.
En tercer término, la reforma previsional propone generar un importante aumento sobre las cotizaciones de la seguridad social, los llamados “impuestos al trabajo”. Las empresas pagarán un 6% por encima de la tasa de 5% que ya abonan por cada trabajador contratado en blanco.
Se presenta un esquema que desalienta la contratación formal y, por lo tanto, en la práctica podría ser contraproducente: todas las ganancias que reciba el sistema de seguridad social por más impuestos al trabajo podrían ser contrarrestadas por la reducción de la base imponible de salarios que genera el aumento de la informalidad.
Para JP Morgan, la reforma de las pensiones reducirá el dinamismo de la inversión en los próximos años. A diferencia de países como Argentina, para las empresas chilenas no fue necesario recurrir al endeudamiento externo sistemático porque el mercado de capitales doméstico le permitió canalizar todo el crédito necesario vía el ahorro de los pensionistas.
Los cambios propuestos por Boric deterioran el desarrollo del mercado de crédito en moneda local, y para las empresas el hecho de incurrir en crédito externo resulta más caro, más volátil y más difícil de sostener. Esto compromete la sostenibilidad de la relación entre inversión y PBI para la próxima década, con un impacto nocivo en materia de crecimiento.
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