Lacalle Pou impulsa una reforma jubilatoria para reducir el déficit fiscal: La edad para jubilarse subirá a 65 años
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La reforma del oficialismo propone aumentar la edad jubilatoria de 60 a 65 años progresivamente, y reducir los años de referencia para el cómputo de los haberes previsionales. Los cambios evitarían una crisis de deuda debido al drástico crecimiento del déficit fiscal.
El Gobierno de Luis Lacalle Pou presentó un proyecto para reformar el sistema jubilatorio de Uruguay. Aunque el oficialismo se niega a privatizar el sistema, los cambios apuntan a reorganizar el régimen de reparto estatal para compatibilizarlo con el envejecimiento poblacional y la trayectoria estimada para las finanzas públicas.
De no aprobarse la reforma, se corre el riesgo de producir un importante y sostenido aumento del déficit fiscal estructural del país. Como ocurre con cualquier sistema de reparto, por su propio funcionamiento le es imposible adaptarse a cambios en la cantidad de cotizantes activos por cada jubilado a mantener.
Estos sistemas requieren cambios constantemente en los parámetros, ya sea la edad jubilatoria, las pensiones pagadas, los períodos mínimos de aportes, los impuestos patronales o una combinación de todas estas herramientas juntas, a fin de preservar la estabilidad su estabilidad financiera.
Los principales puntos debatidos en el proyecto de reforma
El principal factor de ajuste para equilibrar las cuentas públicas es el aumento de la edad jubilatoria. La reforma de Lacalle Pou propone un sendero de corrección gradualista para pasar de los 60 años de edad hasta los 65, una meta más ambiciosa de la que se propone por ejemplo en la reforma previsional francesa de Emmanuel Macron.
Se amplía la edad jubilatoria en varias escalas, a fin de permitir una transición suave. Las personas nacidas en 1973 podrán jubilarse con un límite de 63 años para el año 2036, los nacidos en 1974 lo harán cumpliendo un mínimo de 64 años para 2038, y finalmente la transición se completa en 2040 cuando los nacidos en 1975 comienzan a jubilarse a los 65 años que establece la reforma. A partir de ese momento, todos los nuevos cotizantes deben alcanzar los 65 años para poder jubilarse.
El proyecto reconoce algunos regímenes especiales de jubilaciones para “carreras laborales extensas”, aunque este punto no es definitivo y aún está sujeto a debate. Aquellas personas que cuenten con 30 a 40 años de aportes al momento de entrada en vigencia la nueva ley, no tendrán que esperar a los 65 años para jubilarse independientemente de su año de nacimiento.
El segundo punto más importante del programa es el ajuste a la cantidad de años considerados para determinar el monto del haber jubilatorio. El proyecto original establecía rebajar de 25 a 15 los años de referencia para determinar jubilaciones, aunque el Gobierno ofreció flexibilizar el límite hasta los 20 años en un intento por negociar con la oposición para la aprobación definitiva de la reforma.
El equipo económico del Presidente asegura que, de continuar aceptando flexibilizaciones al programa, la reforma perderá su sentido en buscar contener el aumento del déficit fiscal crónico en vista al futuro.
Asimismo, no se proponen mayores modificaciones acerca de los impuestos patronales (tanto para empresas como sobre el sueldo bruto de los trabajadores). La última reforma sobre este punto fue llevada a cabo por el Gobierno de la izquierda uruguaya en 2015, que subió un 2% las cargas sociales para los trabajadores.
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