La justicia argentina desestima espionaje ilegal del gobierno de Macri
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La Justicia Federal argentina descartó este martes que el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) creara una «asociación ilícita» para espiar a políticos, periodistas y sindicalistas del país, por lo que anuló los procesamientos judiciales a, al menos, 20 acusados.
La sala 2 de la Cámara Criminal y Correccional dictaminó la falta de mérito para Darío Nieto, secretario del expresidente Macri y el exdirector de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, según un fallo que fue difundido por medios locales.
Pero dejó procesada a Silvia Majdalani, subdirectora de la AFI, por «incumplimiento de deberes de funcionario público» (con penas de hasta dos años de prisión, según destaca la prensa local, y el doble de inhabilitación), ya que consideró que no controló la actividad de un grupo de agentes que habrían actuado por cuenta propia para espiar y extorsionar a personalidades de la política, sindicalistas y periodistas locales.
La comisión bicameral del Senado argentino, que se encarga del seguimiento de los organismos de inteligencia y es de mayoría peronista, asegura que Macri transformó el espionaje en una política de Estado. Sin embargo, el fallo de la Justicia consideró: «Si bien existen hechos objeto de esta pesquisa que podrían ser considerados ilegales, la prueba reunida no es suficiente para evidenciar la existencia de un plan masivo de inteligencia ilegal».
«Ello nos permitió descartar, de momento, la existencia de una asociación ilícita abocada a influir en la situación política, social y económica del país», agregaron en el documento judicial. Pero se admitió que «existió un grupo que movido por intereses personales utilizó recursos sensibles del Estado con fines ilegales». En este caso, las penas a las que se enfrentan los nueve agentes son de hasta diez años de prisión. La supuesta estructura ilegal espió, entre otros, a la entonces opositora Cristina Fernández de Kirchner y al Instituto Patria, el laboratorio de ideas de la exmandataria y actual vicepresidenta, aunque en este caso con orden judicial.
Si bien en esta causa no fue procesado el expresidente Macri, sí lo está, desde el 1 de diciembre pasado, en otro expediente por presunto espionaje ilegal a los familiares de la tripulación del submarino ARA «San Juan», hundido en 2017, una decisión judicial que el propio exmandatario y sus aliados tachan de «persecución política».
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