La extrema izquierda en Chile quiere aprobar un sexto retiro de las AFP amenazando con profundizar la recesión
4 minutos de lecturaEl Consejo de Estabilidad Financiera de Chile y el propio Boric se oponen a la medida, pero la izquierda está fuera de control y quiere profundizar las medidas que llevaron a la crisis. El país lleva 17 meses de recesión y alta inflación.
El bloque legislativo de la extrema izquierda chilena volvió a insistir con una iniciativa para permitir un sexto retiro de recursos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), una maniobra que desarticula completamente el crédito doméstico y resulta a todas luces injustificable.
La medida fue implementada durante el gobierno de Sebastián Piñera como una alternativa a los cheques y subsidios que se dieron durante la cuarentena del 2020, que implementaron prácticamente todos los otros países del mundo. Pero ya pasaron tres años de la pandemia, la OMS la da por terminada y la economía de Chile opera sin restricciones sanitarias, por lo que no existe ninguna justificación para permitir otro retiro más.
Ahora, los partidos más de izquierda en el Congreso, creyendo que de esta manera van a poder “ponerle plata en el bolsillo a la gente“, quieren permitir un nuevo masivo retiro de fondos con claras coacciones ideológicas y dogmáticas, pero sin ningún sustento serio.
El Consejo de Estabilidad Financiera de Chile (CEF), un organismo que asesora oficialmente a la presidencia, advirtió que estas medidas tendrán un impacto brutal sobre el funcionamiento normal del sistema financiero del país.
Incluso el presidente Gabriel Boric se manifestó públicamente en contra de un sexto retiro, no solo por considerar los efectos nocivos sobre la economía, si no además porque significa una lisa y llana violación al principio de intangibilidad de los contratos. El mandatario de izquierda describió las medidas con las siguientes palabras: “Es pan para hoy y hambre para mañana, y ya no estamos en pandemia”.
Se calcula que hasta el 36% de los afiliados agotarán completamente sus fondos, un total de 4 millones de personas que no tendrán saldos en el sistema previsional. Esto supone un problema mayúsculo para el futuro, porque aún bajo el sistema de capitalización el Gobierno tiene la obligación de garantizar una pensión mínima universal que hasta ahora solo alcanzaba a un muy reducido grupo de personas que no podían hacer aportes regularmente.
Como si todo esto no fuera suficiente, las medidas suponen una violenta reversión en el volumen de ahorro disponible para ser convertido en crédito doméstico por las entidades bancarias. En otras palabras, habrá menos recursos para prestar en créditos familiares para el acceso a la vivienda propia, o préstamos para realizar proyectos de inversión privada. Esto implica tasas de interés domésticas más altas y la profundización de la recesión en Chile, que ya acumula 17 meses.
Asimismo, si la suma de dinero se retira de un solo golpe y en poco tiempo se corre el riesgo de producir una expansión monetaria con serias implicaciones inflacionarias, algo que boicotea los esfuerzos del Banco Central para controlar el alza de los precios. El aumento en el gasto nominal de los consumidores es un factor que genera preocupación para la principal autoridad monetaria.
Por otra parte, para poder llevar a cabo el retiro en efectivo primero hay que liquidar una serie de instrumentos financieros en los cuales estaba colocado el dinero a modo de inversión. Como es de esperar, el desarme de la inversión en instrumentos locales también empuja a una mayor tasa de interés doméstica, una vez más favoreciendo la recesión en el nivel de actividad.
“Un nuevo retiro de fondos y adelanto de rentas vitalicias retrasaría el proceso de ajuste en que se encuentra la economía chilena, la que ha comenzado a reducir gradualmente un exceso de demanda”, advierte el informe del CEF.
Se estima que el sexto retiro de fondos provocaría un efecto verdaderamente dramático sobre la solvencia y la liquidez de las compañías de seguros de vida, ya que la sola operación pone en riesgo la capacidad de pago para 680.000 personas que deberían cobrar por adelantado su renta vitalicia. Un problema al cual también se le añaden otras formas de seguros, incluyendo coberturas médicas, seguros por invalidez y sobrevivencia.
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