La extrema izquierda brasileña busca volver a estatizar Eletrobras, la privatización más importante de la gestión Bolsonaro
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El Gobierno socialista anunció que solicitará una revisión de los términos y condiciones del contrato de privatización, aprobados por el Congreso en junio de 2021. Las iniciativas del presidente Lula espantan las inversiones y deterioran la confianza en el país.
El presidente Lula da Silva volvió a perder el pragmatismo y la moderación con las cuales se había mostrado en la segunda vuelta electoral, y anunció la nueva vocación del Gobierno por volver a estatizar la gigante eléctrica Eletrobras por motivos estrictamente ideológicos y fundamentalistas.
En efecto, el Gobierno socialista determinó que, a través de la Abogacía General de la Unión (AGU), se solicitará una revisión formal del contrato de privatización de Eletrobras, incluyendo los términos, condiciones y efectos aprobados por nada menos que el Congreso de Brasil en junio de 2021.
La iniciativa es impulsada por el núcleo duro de la extrema izquierda brasileña en el PT, ya que el contrato de privatización incluye cláusulas con severas limitaciones para cualquier eventual re-estatización, precisamente limitando que la AGU pudiera tomar el control de la empresa.
“Fue casi como un bandidaje para que el Gobierno no recuperara la mayoría en Eletrobras. Nosotros, incluyendo, posiblemente, al abogado general de la Unión, iremos a los tribunales para que podamos revisar este contrato leonino contra el Gobierno”, denunció el Presidente socialista.
No solamente se determinó la anulación total de todas las privatizaciones que estaban pendientes o sujetas a estudio, sino que ahora el Gobierno de la izquierda apunta a desbaratar las ventas efectivamente concretadas entre 2019 y 2022.
Se trata de una incursión en contra de la privatización más importante de la presidencia de Jair Bolsonaro. El expresidente logró los consensos necesarios para reducir la participación estatal en Eletrobras del 72% al 45% del paquete accionario, aunque conservó la “acción de oro”.
La venta le significó una acreencia de hasta US$ 6.855 millones para el Estado brasileño, la operación de privatización más grande desde el año 1998. Por primera vez desde 1962, la sociedad brasileña recuperaba la administración de la distribución de energía eléctrica en el país.
“Es un momento histórico. Esta empresa agotó su modelo y ahora puede caminar por sus propias piernas”, anunciaba el exministro Paulo Guedes en junio de 2021, al momento de la privatización de Eletrobras.
La privatización significó el fin de los “precios políticos” sobre las tarifas públicas, el inicio de un proceso de recapitalización y reinversión después de años de postergación en la gestión estatal, y un fuerte ingreso de recursos para el Gobierno. Todo esto se ve virtualmente amenazado por la administración de Lula da Silva.
La sola decisión de revistar los contratos de concesión y las privatizaciones ya concretadas implica generar un clima de inestabilidad en las reglas de juego que operan en el país. El respeto por los derechos de propiedad y la estabilidad son elementos indispensables para la inversión.
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