Con la apertura de un juicio en la corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, se empiezan a destapar las capas de una compleja red de corrupción que implica a múltiples naciones y se centra en empresas registradas en Curazao. El foco del litigio es Javier Aguilar, exejecutivo de la gigante comercializadora de petróleo Vitol, de origen mexicano, cuya actuación ha confirmado la presencia de un mecanismo ilícito de pagos a operadores de México, Ecuador y Venezuela.

Desenmascarando la trama de Curazao

Durante el proceso, se ha hecho evidente la función clave que desempeñaron las empresas curazoleñas Lionoil y Zanza Oil, ambas propiedad del ciudadano neerlandés Lionel Hanst. Estas compañías servían como vehículo para tramitar sobornos a más de veinte intermediarios en distintos países. La acusación sostiene que estas firmas «fueron usadas principalmente para recibir, ocultar y distribuir los pagos corruptos desde y a favor de la empresa estadounidense de comercialización Vitol Inc, para beneficio de funcionarios gubernamentales de Ecuador, México y Venezuela».

El 23 de febrero, la corte escuchó el testimonio de Carlos Espinosa, exgerente de Pemex Procurement International (Pemex PPI), subsidiaria de la empresa estatal petrolera mexicana. Espinosa admitió bajo juramento haber aceptado sobornos de Aguilar a cambio de información confidencial que favoreció a Vitol en contrataciones. Curiosamente, en sus diálogos telefónicos, los pagos ilícitos eran referidos como «dulces para las fiestas».

Por su parte, Lionel Hanst, ya habiendo alcanzado un acuerdo en 2023 con los fiscales estadounidenses, está colaborando con la justicia y testimonió en el juicio. Declaró que sus empresas, establecidas el 27 de noviembre de 2014 en Kaminda Girigorio A, Curie 62, con él como único representante, canalizaban los sobornos.

Implicaciones para Citgo y el esquema de corrupción

En el contexto venezolano, los ejecutivos de Citgo Petroleum, subsidiaria de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y registrada en Houston, Estados Unidos, establecieron relaciones con las firmas de Hanst. Los registros judiciales describen a Citgo como una «propiedad indirecta» del Estado venezolano, ejecutando acciones gubernamentales y catalogada como una «instrumentalidad» bajo la gestión de Nicolás Maduro. Esto coloca a sus directivos en EE. UU. bajo la lupa de la ley de prácticas corruptas, al ser considerados «oficiales extranjeros».

La investigación llevada a cabo por el FBI desveló que Hanst se adjudicaba una comisión del 5% por cada transacción que efectuaba a través de sus entidades, remuneración por facilitar los pagos a los ejecutivos de las petroleras estatales implicadas. Este caso se inscribe dentro del marco del Acta de Prácticas Corruptas en el Extranjero, bajo la cual también han sido procesados otros empresarios venezolanos, conocidos como los «bolichicos», y los casos de Abraham Shiera y Roberto Rincón.

El juicio en curso no solo busca impartir justicia, sino también arrojar luz sobre el modus operandi de las redes de corrupción que han entrelazado el sector energético de varias naciones latinoamericanas con el mercado internacional del petróleo.

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