Intervención de cárceles: ¿cuáles son los problemas pendientes por resolver?
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Cuatro centros penitenciarios en el país fueron intervenidos por el Estado desde el 20 de septiembre hasta el 30 de octubre. A través de operativos militares y policiales se clausuraron las cárceles de Tocorón (Aragua), Tocuyito (Carabobo), Puente Ayala (Anzoátegui) y La Pica (Monagas). Los despliegues fueron calificados como «exitosos» por parte del ministro de Interior, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, quien todavía debe respuestas a las preguntas que han surgido tras los operativos.
Por Sarahí Gómez / talcualdigital.com
En los balances ofrecidos por Ceballos luego de las tomas de estas cárceles, no se especificaron detalles con respecto al traslado de reclusos a otros recintos que ya presentan altos índices de hacinamiento. Tampoco aclaró si tomarán acciones y determinarán responsabilidades de los pranes que tenían el control en estas prisiones. No especificó cuánto armamento hallaron en el operativo ni en cuánto tiempo esperan restablecer el funcionamiento de las instalaciones carcelarias intervenidas.
De acuerdo con Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), las intervenciones realizadas por el gobierno en las cárceles carecen de transparencia, ya que quedan muchas preguntas que no han sido respondidas por los encargados del operativo.
Tras las intervenciones a los recintos carcelarios, surgen interrogantes y dudas sobre los problemas pendientes por resolver. TalCual resume algunas:
Más hacinamiento: Humberto Prado destaca que ninguna cárcel del país tiene la capacidad de recibir a los presos desalojados de los penales intervenidos. Esto se debe al alto índice de hacinamiento en los centros penitenciarios.
El OVP en el informe de 2022 registró un hacinamiento en riesgo crítico de 164,19% en las cárceles venezolanas. 28 de los 45 centros de reclusión operativos para ese año exceden la capacidad instalada y están sobrepoblados.
Antes de los operativos, los centros de reclusión intervenidos tenían una población que superaba 40% de su capacidad instalada lo que implica un hacinamiento crítico, explica Prado.
Actualmente diez cárceles en Venezuela están cerradas: Penitenciaria General de Venezuela, La Planta, el Internado Judicial de San Fernando de Apure, la Cárcel Nacional de Maracaibo, Tocorón, el Internado Judicial Rodeo I, el Centro Penitenciario de los Llanos, Tocuyito, Puente Ayala y La Pica.
Retardo procesal: Con los traslados de privados de libertad se genera otro problema, advierte Prado, ya que se retrasan los procesos judiciales de los reclusos e incrementa el retardo procesal que ya se encuentra en 70%, según cifras del OVP.
Reubicación de reclusos: Otro de los problemas que surge con las intervenciones, es el sitio al que trasladan los detenidos y la falta de información oportuna. El OVP aseguró que muchos de los familiares de los reclusos exigen a los responsables de los operativos que presenten una lista para saber a qué penal llevan a sus familiares.
De acuerdo con la información publicada por la ministra de Servicios Penitenciarios, Celsa Bautista, el 28 de octubre, la población penitenciaria que estaba recluida en la cárcel de Tocuyito fue reubicada en penales en los estados Carabobo, Lara, Falcón, Guárico, Miranda, Sucre, Anzoátegui y Barinas.
En Puente Ayala, el ministro de Interior y Justicia dijo que trasladaron a 1.511 reclusos de manera temporal a otros centros de detención, sin especificar cuáles. En el caso de La Pica, intervenida el 3 de noviembre, Ceballos informó que la población de 1.496 reclusos fue reubicada al Centro de Formación Hombre Nuevo Nelson Mandela.
Cifras inciertas: Otra interrogante que surge con respecto a los trasladados de Tocorón es la disparidad en la cifra de la población penitenciaria. «Por qué el penal de una población de unos 5.500 presos pasó a albergar 3.000 reclusos y ahora en esta toma hay unos 1.500 ¿Dónde están esos presos que faltan?», cuestionó el OVP después de la intervención en Tocorón.
Pranes con paradero desconocido: Los penales intervenidos estaban bajo el control de pranes que ejercían el poder dentro de las cárceles. En Tocorón el pran era Héctor «el Niño» Guerrero, quien además encabezaba la megabanda El Tren de Aragua que, según investigaciones periodísticas y reportes oficiales, tiene presencia en varios países de Latinoamérica. Más de un mes después de la intervención en Tocorón, no se sabe cuál es su paradero.
«El Niño» Guerrero tenía libertad plena al momento de la intervención de Tocorón, según confirmó el propio Ceballos. Sin embargo, el pran se mantuvo dentro de la cárcel para ejercer su control de la población carcelaria a través del cobro de causas, imposición de castigos y adhesión a su estructura delictiva. Lo mismo ocurrió con Néstor Richardi Sequera, el pran de Tocuyito, que tenía pena cumplida desde 2018 y decidió continuar viviendo dentro del penal, donde incluso estableció un estudio de grabación de música.
Aunque el ministro de Interior y Justicia no se pronunció con respecto a Richardi, extraoficialmente se ha dicho que el pran de Tocuyito está detenido en la sede del Sebin, en El Helicoide. En el caso de La Pica, el pran era Pedro Miguel González Mata, conocido como «Pedro El Rapidito» , quien con sus hermanos ejecutaban extorsiones en Monagas y cometían otros delitos, se rindió tras la toma del penal.
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