Gracias a las reformas en Seguridad de Bukele, enero fue el mes más seguro de la historia de El Salvador

El popular gobierno de El Salvador perfila el 2023 como el año más seguro en más de 200 años de historia, tras extirpar de las calles a delincuentes y pandilleros que atormentaron al país por décadas.

Si miramos la política domestica de los mandatarios latinoamericanos, sin lugar a dudas resalta la intachable gestión del presidente salvadoreño Nayib Bukele en materia de seguridad. Tras recibir en 2019 un país catalogado como la capital del crimen mundial y enquistado con una casta política servicial a las mafias, hoy El Salvador empieza el año con su mes más seguro en su historia contemporánea.

Tras la implementación del Plan de Control Territorial y el Régimen de Excepción en marzo de 2022, el gobierno salvadoreño ha detenido a más de 64.000 delincuentes y pandilleros, hundiendo la tasa de homicidios y el crimen en el país y deshaciéndose de los delincuentes de más alto perfil que aterrorizaban las calles.

En los últimos 4 años, muchos referentes de la casta salvadoreña y de las organizaciones internacionales de derechos humanos llamaron tirano y antidemocrático a Bukele por estas medidas de seguridad. Es curioso como hoy gracias a esto, El Salvador tiene paz y Bukele un índice de aprobación del 94%, incluso en las encuestas de la oposición.

Gracias a las reformas en seguridad del presidente tendiente a la derecha, El Salvador registró 496 homicidios en todo 2022, el valor más bajo en décadas, y aproximadamente un 57% menos que los contabilizados en 2021.

La estadística mejoró incluso más en el primer mes del 2023, con el enero más seguro en los 201 años de historia del país, registrando tan solo 11 homicidios. De mantenerse este nivel de homicidios a lo largo de los doce meses del año, se acumularían solo 132 asesinatos, números que El Salvador no vio nunca en toda su historia.

Días atrás, Bukele celebró en redes sociales que se cumplieron 300 días (no consecutivos) sin homicidios desde el comienzo de su administración. En efecto, a lo largo de los 15 años de los últimos gobiernos de ARENA y FMLN, tan solo se registraron 2 días sin homicidios.

Estos impresionantes logros se atribuyen principalmente a la implementación de 2 medidas: el Plan de Control Territorial y el Régimen de Excepción, en el que el Poder Legislativo facultó al presidente a militarizar las calles de las principales ciudades, imponer toque de queda cuando se necesite, e intervenir las telecomunicaciones.

El Plan de Control Territorial consta de siete fases. La primera fase fue encaminada a la “recuperación de territorios”, mediante la militarización de las calles; la segunda fase se centró en la “recuperación del tejido social” mediante la creación de oportunidades, que incluyó una reforma a los planes sociales, la desregulación de la economía, y la introducción de nuevas tecnologías, como el Bitcoin.

La fase número tres estuvo orientada a “fortalecer los cuerpos de seguridad con equipos y medios”, que implicó un masivo gasto en mejorar el presupuesto de la Policía. La cuarta fase fue de “incursión” y arrebato de los territorios de las pandillas concedidos por los gobiernos anteriores, en la que se recuperaron por la fuerza barrios enteros donde el Estado se había retirado en los últimos años.

La quinta fase, vigente por el momento, es la que se llama de “extracción”, donde se busca extirpar a los criminales que aún quedan en las comunidades y acechando las calles de cualquier lugar del país.

El proceso que inició el 27 de marzo del 2022, mediatizado por Bukele como la Guerra conta las Pandillas, permitió la detención de 64.111 criminales, presuntos miembros de los maras u otras pandillas.

De todos ellos, 3.475 fueron liberados porque no se les comprobó ningún delito, menos del 6% del total, “un éxito en materia de seguridad“, de acuerdo a lo que dijo el Ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.

Una de las principales críticas que se le hace al presidente salvadoreño es la de saltarse el debido proceso a la hora de capturar a los delincuentes, como así también de cambiar la definición de homicidio para excluir a personas muertas en prisión, bajo custodia policial y en enfrentamientos con la policía.

Lo que no se tiene en cuenta es que El Salvador se había convertido en un Estado fallido previo a la asunción de Bukele, y las fuerzas de Seguridad están haciendo todo lo posible para recuperar un país controlado por los maras y el crímen organizado.

Las medidas instaladas en marzo del año pasado tampoco fueron un capricho del presidente salvadoreño, si no que fueron respuesta a una ola de asesinatos llevada a cabo por los pandilleros en el fin de semana del 25 de marzo, cuando asesinaron a 87 civiles en las calles del país “en protesta” por las medidas de Bukele.

Desde entonces, el Tribunal Constitucional dio el visto bueno a un Estado de Excepción, donde se permite la detención a personas a pesar de no haberlos atrapado in fraganti, acorde a un conjunto de parámetros establecidos por el Parlamento. La principal causa de detención actualmente es la portación de tatuajes alusivos a los maras, un símbolo de la impunidad de los pandilleros que por décadas marcaron sus cuerpos a sabiendas que la policía no podría hacerles nada.

En la medida que se aplica esta política pública contra la inseguridad, recientemente se inauguró en Tecoluca una mega cárcel para alojar a 40.000 detenidos. Fue bautizada como “Centro de Confinamiento del Terrorismo” y estará custodiada por 600 soldados y 250 policías.

Además, el gobierno de Nayib Bukele ahora cobra a los presos por comida, ropa y productos de higiene en las cárceles. Les exigen 170 dólares al mes para brindarle alimentos y productos básicos a los detenidos.

Con sus medidas, Bukele suma una extensa lista de admiradores latinoamericanos. Por un lado, es acusado de ser un “hombre fuerte despiadado y violador de derechos humanos” según algunas organizaciones internacionales de izquierda que hacen más escándalo por sus medidas que por los miles de homicidos que cometían las pandillas en el pasado.

Pero también existen políticos prominentes y muchas personas a lo largo y ancho del continente que profesan admiración por sus políticas y han expresado el deseo de que sus propios países lo tomen como referente.

Bukele ha sido celebrado por Zury Ríos, candidata de derecha en Guatemala, quien recientemente dijo que para ella, “El Salvador es un modelo de referencia para la seguridad“; el ministro Ramón Sabillón de Honduras, quien aseguró que “hay cosas para aprender de lo que se está haciendo en El Salvador“.

Además, Rafael López Aliaga, alcalde de Lima y principal líder de la derecha peruana, quien dijo hace poco que “Bukele ha logrado un milagro en El Salvador“; y Jorge Torres, ministro de Seguridad de Costa Rica, quien admitió que “una política de seguridad como la de Bukele sería grandiosa para bajar la tasa de homicidios“.

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