Fracasa la distribución estatal de agua en Uruguay: Todo el país se queda sin agua potable por décadas de falta de inversión
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El presidente Lacalle Pou se niega a privatizar a pesar de los pésimos resultados que demostró la Administración Nacional de las Obras Sanitarias del Estado. Se decidió flexibilizar el monopolio de importación de agua, pero solo por un periodo de 3 meses.
La disponibilidad de reservas de agua dulce en Montevideo es cada vez más escasa y están a punto de agotarse. La falta de agua potable ya afecta a todo el país, al mismo tiempo en que se deteriora la calidad del servicio a los usuarios por un drástico aumento de los niveles de cloruro y sodio. Se observan las reservas más bajas desde el año 1949; en pleno 2023 este hecho resulta inédito.
La dramática situación por la que está atravesando Uruguay se vincula directamente con la Administración Nacional de las Obras Sanitarias del Estado (OSE), la firma estatal responsable de la distribución de agua en todo el país excepto en Montevideo (que también depende del Estado, pero bajo jurisdicción local).
Los problemas tuvieron lugar tras la llegada de la histórica sequía que también afectó a la Argentina, provocando que una gran cantidad de embalses que servían para el abastecimiento se quedaran sin agua.
Sin embargo, esto podría haberse atenuado fácilmente si se hubiera producido una mayor inversión en construcción de nuevos embalses, más cañerías para abastecer las represas y la apertura de las importaciones. La administración estatal de los servicios de distribución de agua es virtualmente responsable de descapitalizar el sector, dejándolo más mucho expuesto a las condiciones climáticas adversas.
Tanto OSE como el Gobierno anunciaron más inversión (cuando ya es demasiado tarde, y de manera improvisada), entre ellas la construcción de un embalse provisorio en San José y la instalación de cañerías por 13,5 kilómetros para abastecer de agua a la planta de Aguas Corrientes a través de Belastiquí.
Ya se cumplen 70 años de gestión y monopolio estatal en la administración de la distribución de agua. OSE no registra ganancias contables desde el año 2012, por lo que la falta de inversión en el mejoramiento de los servicios se convirtió en la moneda corriente.
El presidente Lacalle Pou se niega a privatizar la distribución de agua a pesar de los pésimos resultados, del mismo modo en que se negó a permitir cualquier tipo de privatización en lo que va de su mandato.
Sin embargo, el Gobierno cedió en desarticular el monopolio de importación de agua embotellada pero solo por tres meses. A partir de la Resolución MEF 10290/23 se decreta una situación de emergencia hídrica, y se permite la importación de agua embotellada bajo el régimen común (especialmente desde países limítrofes), y se exonera del pago de aranceles y tasas consulares.
Cabe resaltar una vez más que las medidas son temporales. El cierre de importaciones que mantenía el Gobierno, en colusión con las empresas embotelladoras con poder de lobby como Salus, seguirá vigente una vez pasada la emergencia.
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