El Gobierno de Lacalle Pou arribó al superávit fiscal primario y anuncia la primera rebaja tributaria del país en 15 años
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Las cuentas públicas consolidaron el superávit fiscal de la administración central, mientras que el resultado global fue el más equilibrado de los últimos 7 años. El oficialismo se prepara para lanzar su primera gran reforma tributaria, prometiendo bajar el IRPF y el impuesto a las jubilaciones.
Uruguay se compromete con la disciplina fiscal como principal herramienta para contener la inflación. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que el Gobierno central obtuvo un superávit primario equivalente al 0,47% del PBI en septiembre del año pasado, y los datos preliminares para el último trimestre sugieren que la tendencia positiva persiste.
El país volvió al superávit primario por primera vez desde septiembre de 2019. Asimismo, el resultado global del Sector Público no monetario marcó un déficit de 1,63% del PBI en el acumulado de 12 meses para septiembre de 2022. Se trata del resultado más equilibrado desde junio de 2016.
El déficit financiero acumula un ajuste de casi 4 puntos porcentuales del producto desde marzo de 2021, momento en donde se aprobó el último paquete de ayuda fiscal para familias y empresas por la emergencia sanitaria. La disciplina fiscal del Gobierno permite equilibrar el stock de deuda pública como proporción del PBI, y proyectar una ligera reducción de la misma para los próximos años.
Los primeros pasos para la reforma tributaria
El Gobierno anunció oficialmente sus intenciones para producir la primera rebaja impositiva en el país desde el año 2008. Desde entonces, los sucesivos Gobiernos de Uruguay aumentaron o dejaron sin alteración la estructura tributaria, en ocasiones por situaciones de emergencia fiscal (como el período 2001-2002) o por dogmatismo ideológico (los Gobiernos del Frente Amplio).
Se estudia una reforma para simplificar y reducir el impuesto a las Ganancias de personas físicas (excluyendo a las empresas), que actualmente mantienen una estructura progresiva que va del 10% a un máximo de 36%.
El oficialismo pretende dar marcha atrás (al menos parcialmente) con la última reforma tributaria del Frente Amplio aprobada en el año 2016 y puesta en vigencia desde 2017, por medio de la cual la alícuota superior escaló drásticamente desde el 30% al 36%, y la tasa promedio aumentó del 17,75% al 21%.
La ministra de Economía y Finanzas del Uruguay, Azucena Arbeleche, confirmó que se hará efectiva la rebaja impositiva, pero el oficialismo evitó publicar mayores detalles hasta el debate con la totalidad de la “Coalición Multicolor” que retiene la mayoría en ambas cámaras legislativas.
Hasta ahora, el Gobierno se limitó a producir actualizaciones sucesivas sobre el monto del mínimo no imponible de Ganancias, en ocasiones por encima de la inflación. El último tramo no imponible se estableció en los $39.621 mensuales a partir de febrero de 2023. También se produjo una actualización para la deducción estándar en el impuesto a las Jubilaciones, que ascendió a los $45.280 mensuales.
Negativa para bajar el gasto público
La ministra de Economía fue interpelada por los esfuerzos insuficientes del Gobierno a la hora de recortar y reformar el gasto público, y confirmó que efectivamente es algo fuera de agenda para el Gobierno.
Arbeleche anunció que el gasto nominal crecerá con un límite fijado en el 2% anual para el año fiscal 2023, previendo que el ritmo de crecimiento de la economía sea superior y de esa manera disminuyendo su peso relativo. Pero no se producirá ningún ajuste nominal a los montos presupuestados hacia el futuro.
El ajuste fiscal de 2021 se limitó a ponderar los gastos de emergencia y de índole transitorios aprobados durante la pandemia, y la relación entre erogaciones y PBI se vio enormemente favorecida por el crecimiento de la economía.
El índice de actividad CERES confirmó que la economía de Uruguay acumuló un crecimiento del 8,13% desde que Lacalle Pou se hizo cargo del Gobierno, habiéndose superado completamente el shock provocado por la pandemia en 2020.
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