Disciplina fiscal en Uruguay: La agenda Fitch mejora la calificación crediticia del país al nivel más alto desde 1995
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La reforma del sistema de pensiones y el ajuste al gasto público desde mediados de 2021 mejoraron todas las perspectivas para los bonos soberanos de Uruguay. El país obtuvo una calificación ‘BBB’, ubicándose nuevamente en máximos históricos.
El Gobierno de Luis Lacalle Pou logró recobrar la confianza de los inversores en el país como no lo había podido hacer el Frente Amplio en 15 años de gestión. La agencia calificadora de riesgo Fitch Ratings subió la nota de los bonos soberanos uruguayos a ‘BBB’ con perspectiva estable. Se trata de la mejor calificación crediticia desde el año 1995, lo que señala que Uruguay vuelve al sendero de las reformas pro-mercado.
Cabe recordar que en el año 2018 Uruguay había perdido su actual calificación por los presupuestos irresponsables del Frente Amplio, que no contenían ningún programa de convergencia para equilibrar las finanzas públicas aún en el largo plazo.
La decisión provoca dos efectos positivos casi inmediatos: el Gobierno adquiere ahora mayor facilidad para colocar deuda en el mercado de capitales internacional a tasas de interés razonables (solo 100 puntos básicos por encima de los bonos estadounidenses), y en segundo término el sector privado también se verá beneficiado por el acceso al crédito.
De acuerdo al informe de Fitch , la agencia señala que el impacto de la pandemia en 2020 fue cómodamente absorbido y administrado por una solidez fiscal pocas veces vista en la región. Asimismo, asegura que el Gobierno mejoró su credibilidad, aumenta la resiliencia a posibles shocks económicos, y el stock de deuda pública se mantendría relativamente estable (en alrededor del 63% del PBI para los próximos años).
Por otra parte, Fitch Ratings resaltó la importancia del ajuste fiscal: “La reciente aprobación de una reforma que mejora la sostenibilidad fiscal. Indica la apuesta por una política fiscal más prudente y coherente con su alto estándar de gobernabilidad”.
Las perspectivas no se vieron alteradas incluso a pesar de la reforma tributaria anunciada por el Gobierno, que dispone rebajas sobre los principales componentes de la recaudación de impuestos directos: Impuesto a las Rentas de Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social (IASS).
El creciente déficit fiscal parecía la moneda corriente durante las administraciones del Frente Amplio, pero con la actual coalición oficialista el camino parece ser diametralmente opuesto.
El Ministerio de Economía y Finanzas confirmó que el gasto público primario para el mes de abril representó el 27% del PBI (acumulado en 12 meses), observando un fuerte ajuste con respecto al 28,2% del PBI registrado en marzo.
El déficit fiscal primario cayó del 2,4% al 1,3% del PBI entre marzo y abril, mientras que el resultado global del sector público no monetario marcó un déficit del 2,9% del PBI en abril, mientras que en marzo había alcanzado el 4% del producto.
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