Dictadura comunista en Nicaragua desaparece a un sacerdote que denunciaba persecución religiosa

El CENIDH afirmó que el presbítero Óscar Benavidez fue detenido de forma arbitraria y su paradero es desconocido, aunque se cree que fue trasladado al centro de torturas “El Chipote” en Managua

La Diócesis de Siuna denunció este lunes la detención y desaparición de uno de sus sacerdotes, el padre Óscar Benavidez, uno de los mayores críticos de la dictadura del comunista Daniel Ortega, en medio de una persecución religiosa a la Iglesia católica como no se veía desde en más de 40 años.

“La tarde del domingo 14 de agosto fue detenido el presbítero Óscar Benavidez, párroco de la Parroquia Espíritu Santo, en el municipio de Mulukuku, en la Región Autónoma del Caribe Norte de Nicaragua“, informó la Diócesis en una declaración.

Esa jurisdicción de la Iglesia católica dijo desconocer las causas o motivos de la detención del sacerdote. “Esperamos que las autoridades nos mantengan informados”, agregó. Por último, se invitó a los fieles católicos a unirse en oración por Benavidez, “que su única misión es y ha sido anunciar la buena nueva de Jesucristo, que es palabra, vida y salvación para todos”.

Por su lado, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), quien ha estado haciendo un seguimiento de todos los presos políticos de Ortega, afirmó que el sacerdote fue detenido de forma arbitraria.

“Según informaciones, fue sacado de su vehículo y llevado en una patrulla (policial) con rumbo desconocido”, indicó el Cenidh en una declaración. Por el momento no se tiene conocimiento de su paradero, aunque se especula que fue trasladado al centro de torturas “El Chipote” en Managua.

Benavidez es el tercer sacerdote desaparecido en lo que va del año en Nicaragua, y el noveno que se encuentra bajo custodia policial, incluyendo al obispo Rolando Álvarez y otros cinco sacerdotes que están encerrados desde principio de mes en el Palacio Episcopal de la Diócesis de Matagalpa, mientras la Policía sandinista no permite que ingresen los feligreses.

Siuna fue la primera diócesis que brindó su apoyo público a Álvarez, a quien la Policía Nacional acusa de intentar “organizar grupos violentos”, obviamente sin pruebas.

Como todo gobierno comunista, Ortega ha impulsado nuevamente una persecución religiosa en Nicaragua, intentando eliminar la figura de la Iglesia, un precepto básico del marxismo, que aboga por eliminar cualquier institución que pueda hacerle frente al Estado.

Cabe recordar que Ortega había gobernado el país durante la década del 80, cuando fue derrocado por los Contras, grupos antirevolucionarios financiados por Estados Unidos. En 1990, los Contra reinstituyeron la democracia en Nicaragua, la cual perduró por casi tres décadas, cuando en 2006 el entonces ex dictador Ortega llegó al poder nuevamente, esta vez por la vía democrática.

Desde entonces, ha desmantelado la democracia nicaragüense, apresando a todos los opositores y reinstaurando el régimen sandinista, con su persecución religiosa de siempre. Pero a diferencia de la última vez, en esta oportunidad no existe un gobierno norteamericano dispuesto a financiar a la oposición, que ha quedado a la deriva y rápidamente se está convirtiendo en una nueva Cuba.

Acciones anti-católicas

Entre las acciones del régimen sandinista contra la Iglesia católica nicaragüense, se ordenó la prohibición a la Arquidiócesis de Managua de la procesión con la imagen peregrina de la virgen de Fátima.

También el mencionado confinamiento del obispo Álvarez junto a cinco sacerdotes, tres seminaristas, y dos laicos, en la sede episcopal provincial de Matagalpa, que está sitiado por fuerzas especiales policiales y serán arrestados (y probablemente asesinados) si ponen un pie fuera de la iglesia.

Además la expulsión de un grupo de misioneras de la orden Madre Teresa de Calcuta, el cierre de ocho radioemisoras católicas, la cancelación de la programación de la televisión de tres canales católicos y el ingreso a la fuerza y allanamiento a una parroquia, algo sin precedentes en el país.

Ortega tildó de “terroristas” a los obispos nicaragüenses que actuaron como mediadores de un diálogo nacional con el que se buscaba una salida pacífica a la crisis que vive el país desde abril de 2018. La comunidad católica representa un 58,5 % de los 6,5 millones de habitantes de Nicaragua, según el último censo nacional.

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