Denuncian la privatización de las playas en el este de La Guaira

La sociedad civil del estado Vargas emitió un comunicado en el que denuncia una situación crítica que está teniendo lugar en el eje terrestre costero y marino de la región.

De acuerdo con lo informado en el comunicado al que tuvo acceso nuestro equipo, esto está ocurriendo en abierta violación de disposiciones constitucionales y legales.

Según el oficio, se han estado cercando kilómetros de espacios ganados al mar de manera ilegal, para llevar a cabo la construcción de estructuras con fines comerciales, contando con el aval de la gobernación del estado y la alcaldía del municipio Vargas. Este accionar ha implicado la violación de numerosas normativas legales y ambientales, incluyendo la Ley de Ordenación Territorial, Ley Orgánica del Ambiente, Ley de Zonas Costeras, Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso del Área de Protección y Recuperación Ambiental del estado Vargas, entre otras.

Estas violaciones, según el comunicado, han sido respaldadas por las autoridades estatales y municipales, generando así un grave problema de contaminación en las playas de la región.

Se destaca que esta contaminación se suma al ya existente vertido de aguas negras y servidas sin tratamiento, lo cual ha convertido las playas en importantes focos de contaminación que representan un riesgo para la salud de los ciudadanos.

Además, se señala que los espacios ganados al mar están siendo utilizados de manera ilícita para la realización de construcciones comerciales, al margen de las leyes nacionales y locales, lo que ha llevado a la instalación de kilómetros de cercas y muros de concreto que impiden el acceso a las playas y a la visual marina, alterando de esta forma el paisaje natural.

El oficio también hace hincapié en el secretismo que rodea estas construcciones, así como en la falta de transparencia en la permisología, origen del capital invertido, descargo de los desechos no tratados, presunta carencia de estudios sobre el impacto ambiental, presunto otorgamiento de conformidades de uso, propiedad en la tierra y el uso. Todo esto genera, según la sociedad civil de Vargas, un clima de incertidumbre que sugiere la posibilidad de que se esté frente a hechos que atentan contra la salud pública, restringen el derecho al disfrute de los espacios públicos y naturales, constituyen delitos ambientales y dañan el patrimonio público.

Nuestro equipo de Corresponsalía conversó con Roger Cedeño, activista por la defensa de los ciudadanos y el derecho del espacio terrestre costero marino y playas, quien resaltó la violación de los derechos de los guaireños a la recreación y el disfrute de las zonas playeras.

En este contexto, hace un llamado a diversos organismos, incluyendo el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos (Inea), Ministerio de Poder Popular del Ambiente, Fiscalía Ambiental del Ministerio Público, Dirección de Control Urbano, Protector Ambiental, Asamblea Nacional, Procuraduría General y Contraloría General de la República, con el fin de que inicien investigaciones y tomen medidas sancionatorias que pongan fin a esta situación ilegal. Además, se insta a los ciudadanos a ejercer Contraloría Social y a la sociedad civil organizada a estar atenta a estos hechos.

Esta denuncia de la sociedad civil de Vargas pone de manifiesto la gravedad de la situación que está ocurriendo en la región, al tiempo que plantea la urgencia de tomar medidas para prevenir un mayor daño al medio ambiente, la salud pública y el patrimonio natural y cultural de la zona.

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