Chile aprobó la reducción de la jornada laboral: La medida comunista atenta contra la productividad y el mercado informal
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Tras una votación en el Congreso, se aprobó la propuesta del Partido Comunista de reducir el límite permitido para la jornada laboral legal, bajando de 45 a 40 horas semanales. Se trata de una de las principales propuestas de campaña de la izquierda extremista y del presidente Boric.
El Gobierno de Gabriel Boric reunió los apoyos parlamentarios necesarios para aprobar una polémica reducción en el límite legal de la jornada laboral, que disminuye de 45 horas semanales a solo 40 horas a partir de la reforma. En otras palabras, la nueva ley prevé trabajar cuatro días de la semana y descansar tres.
La legislación fue aprobada en el Congreso tras una votación de un proyecto de ley presentado por Boric. Los cambios se aplicarán de manera gradual, ya que incluso el propio oficialismo se muestra temeroso de los posibles efectos de los cambios en relación al empleo, productividad e informalidad.
En 2023, la jornada laboral legal se reducirá a 44 horas semanales a partir del 1ro de mayo. Esto durara hasta el tercer año de la vigencia de la ley, cuando en 2025 se prevé la reducción a 42 horas semanales. Luego, pasados los 5 años de la ley, a partir del 1ro de mayo de 2027, se completará la reducción a 40 horas. Se verán afectadas todas las jornadas reguladas por el Código de Trabajo chileno sin excepción.
El impacto de la ley promete ser severamente negativo para el mercado laboral de Chile. En principio, una reducción forzosa de la jornada laboral provocaría un ajuste vía precios (en este caso, los salarios) para compensar la caída de la productividad.
La ley prevé este hecho y establece la prohibición explícita de la reducción de salarios tras la vigencia de la reforma. Sin embargo, esto solo ocurre para los contratados hasta el 1ro de mayo, y a partir de ahora, todos los nuevos contratos laborales que se firmen en Chile se harán a un salario que se ajuste a la menor carga laboral.
Estas regulaciones también impactaran alentando fuertemente la contratación informal, y con ello un incentivo para la evasión impositiva al sistema previsional del mismo modo en que ocurre en Argentina. Esto se añade al aumento de las cargas patronales entre 2016 y 2018, y el proyecto de reforma tributaria de Boric que propone nuevamente aumentar los impuestos al trabajo.
Suponiendo una estructura salarial relativamente estable, el costo laboral asociado a las personas que verán reducida su jornada semanal se incrementará sustancialmente, eliminado incentivos para la nueva contratación, la transformación de las empresas para volverse capital-intensivas en lugar de intensivas en trabajo, y una menor productividad para el conjunto de la economía en los casos en donde no pueda producirse una adaptación adecuada.
La evidencia empírica muestra que es correcto reducir las jornadas laborales a medida que el cambio tecnológico y el aumento de la productividad en las economías más desarrolladas lo va permitiendo, pero de ninguna manera esto puede ocurrir de manera unilateral por una regulación del Estado sin un impacto en los precios de la economía.
Por lo tanto, el aumento de los topes laborales legales en estos países no provocan una reacción real en los mercados porque estos ya se adaptaron por sus propios medios y respaldando sus propios incentivos.
Pero muy por el contrario de lo que ocurre en estos países, la productividad laboral de Chile no solo justifica un cambio legal semejante, sino que además sugiere que realmente se trabaja poco tiempo en relación al que podría trabajarse. Es el cambio tecnológico y el desarrollo económico los que posibilitan la reducción natural de la jornada laboral, y no la aplicación forzosa por medio de una ley.
La economía chilena no transitó el grado de desarrollo tecnológico y productivo que ostentan las economías de los países desarrollados, pero aún así el Gobierno del presidente Boric pretende forzar los mismos resultados poniéndolo por escrito en una ley.
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