Amnistía Internacional instó a una acción mundial urgente ante el riesgo que corren las ONG en Venezuela
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AME3833. CARACAS (VENEZUELA), 05/07/2019.- Vista de una pancarta durante una protesta convocada por el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, en Caracas (Venezuela). Los manifestantes marcharon de la sede del Programa de las Naciones Unidas para del Desarrollo (PUND) a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). EFE/ Miguel Gutiérrez
Amnistía Internacional (AI) emitió una alerta el viernes sobre la preocupante situación de las ONG en Venezuela, ante la inminente aprobación de un proyecto de ley que busca supervisar la actuación y financiamiento de estas organizaciones. La Asamblea Nacional retomó la discusión de este proyecto la semana pasada.
AI expresó su preocupación en su cuenta de Twitter, indicando que si se aprueba este proyecto, todas las ONG en Venezuela tendrán que cumplir con medidas abusivas o enfrentar consecuencias penales. Estas medidas violarían los derechos de asociación y privacidad, poniendo a las ONG y a las personas a las que ayudan en grave riesgo de criminalización y represalias.
La organización también compartió una carta enviada al presidente de la Asamblea Nacional, en la que manifestaron su preocupación por la reactivación de este proyecto. Este proyecto fue preaprobado en enero de 2023, pero aún está pendiente de una discusión detallada para su aprobación definitiva, que tendrá lugar después de una consulta pública que comenzó el 9 de enero.
Amnistía Internacional instó a la Asamblea Nacional a poner fin de inmediato a este proyecto de ley y a detener todos los ataques contra la sociedad civil.
El proyecto original de esta ley, presentado por algunos legisladores el año pasado, contempla multas de hasta 12.000 dólares para las organizaciones que no se registren en una entidad de control propuesta o que no declaren la identidad y procedencia de las donaciones.
Esta propuesta ha sido rechazada por numerosas ONG y por la principal coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).
En un comunicado conjunto emitido en febrero de 2023, cerca de 400 ONG advirtieron que la aprobación definitiva de este proyecto «privaría a la sociedad venezolana de sus capacidades y libertades para organizarse, expresarse, defender sus derechos, participar en asuntos públicos y recibir solidaridad, protección y cooperación internacional».
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