Golpe al bolsillo: Envíos de carga marítimos hacia Venezuela tendrán tarifas más caras
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Algunas empresas de transporte de carga han reanudado esta semana sus operaciones de despacho de mercancía por mar desde Estados Unidos a Venezuela, aunque con tarifas más caras, tras varios días de paralización por nuevas regulaciones e impuestos aduanales.
Los servicios de envíos “puerta a puerta” por mar quedaron en vilo la semana pasada, cuando las autoridades notificaron a las compañías del sector sobre los nuevos protocolos e impuestos para la importación marítima de contenedores.
Entre miércoles y jueves, algunas de esas firmas informaron que pronto reactivarían esos transportes por mar, aunque con precios más elevados.
AC Export, que envía mercancías a Venezuela desde ciudades estadounidenses como Miami, Houston, Orlando y Atlanta, publicó en sus redes sociales una notificación para avisar “cambios importantes” en sus tarifas y políticas de envío.
Los despachos marítimos de cargas “personales”, sin fines comerciales ni de ventas en bodegones, “deberán pagar un impuesto de 38 dólares por caja”, indistintamente de si se trata de un empaque pequeño, mediano o grande, dijeron.
Se disparan las tarifas
Antes de las restricciones advertidas al sector de servicios de transporte de carga la semana pasada, el precio del pie cúbico por mar costaba alrededor de 20 dólares.
Enviar 1 caja pequeña con mercancía personal costaba de 28 a 35 dólares y ahora se suman esos 38 dólares por caja. Es decir, que a partir de los despachos inmediatos por mar se pagará en total más del doble de la tarifa anterior.
AC Export especificó públicamente a sus clientes que “todos los envíos” se declaren de forma correcta “para garantizar un trámite aduanero exitoso”.
Esta empresa detalló que los envíos deberán “ser totalmente prepagados”. Días atrás, existía la posibilidad de pagar los servicios cuando llegaran a destino.
En cuanto a las cargas comerciales y de mercancías destinadas a bodegones, se les pecharán “impuestos correspondientes según el código arancelario” de Venezuela, más 16% de impuesto al valor agregado y “11% de servicio aduanal”, dijo la firma.
Oceanika 21, que despacha desde Estados Unidos, Panamá, España y China, anunció que retomarían sus servicios por mar desde el viernes 21 de julio, es decir, la semana próxima. Añadió que adecuaban sus operaciones “a las nuevas disposiciones aduanales”.
Indicó en un comunicado enviado por correo electrónico a sus clientes que “se mantienen” sus tarifas por pie cúbico y de cajas promocionales, aunque acotaron que habrá “un costo adicional por cargos aduanales de $7 por pie cúbico”.
Obligados a declarar todo con facturas en mano
Oceanika 21 también subrayó que las cargas comerciales e industriales “estarán sujetas a cargos adicionales”, si bien no precisó cuáles serían esos montos.
“Es de carácter obligatorio la declaración de todas las cargas con sus respectivas facturas y soportes”, como máximo 2 días antes del envío de la carga por vía marítima, añadió en su correo electrónico a su clientela.
La compañía también destacó que debía ser “nuevamente declarada” toda la carga que se encuentra en sus almacenes y puntos de recepción.
Otra empresas de mayor antigüedad, como Rima Cargo y Rudy Export, no han reanudado sus despachos marítimos ni publicado informaciones sobre ellos. Estas firmas han promocionado activamente sus envíos aéreos en sus redes sociales.
Voceros del gobierno de Nicolás Maduro no se han referido públicamente a esas nuevas regulaciones en las aduanas del país. Según información extraoficial de la prensa local, la vicepresidenta Delcy Rodríguez habría negado que los servicios de envíos de carga estén paralizados en una reunión privada con empresarios.
El presidente venezolano firmó y publicó a principios de este mes un decreto donde exonera 90 % y 100 % de los impuestos a la importación y al valor agregado de “importaciones definitivas de bienes muebles corporales” hechas por la administración pública, ciertos ministerios y empresas del Estado venezolano.
El decreto exonera esas tasas a “personas naturales y jurídicas”, siempre y cuando sus bienes estén incluidos en los códigos arancelarios de ese decreto y que tengan un certificado de no producción nacional emitido por el gobierno.
Según el decreto, el gobierno procura “optimizar la distribución de bienes y servicios” y favorecer la producción nacional de diversos productos y rubros.
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