Mientras la OMS da por terminada por la pandemia, Boric en Chile mantiene la Alerta Sanitaria y continúa con poderes especiales
4 minutos de lecturaEl presidente comunista chileno rechazó derogar la Alerta Sanitaria, que se mantiene hasta agosto, incluso luego de que la OMS diera por finalizada la alerta mundial por la pandemia.
El pasado 23 de marzo de 2023, fue publicado el Decreto 10, donde el presidente comunista Gabriel Boric, a través del Ministerio de Salud de Chile, extiende la vigencia de la Alerta Sanitaria en el país hasta el 31 de agosto de 2023.
Como se ha cubierto en este medio en las otras diez veces que se extendió la Alerta Sanitaria, esta medida ha servido para instalar una arquitectura política que por razones de “emergencia sanitaria” ha adquirido poderes extraordinarios y ha permitido un nivel de centralización en la toma de decisiones inconstitucional.
La cuarentena en Chile ha sido catalogada en su momento como una de las más represivas del mundo con sus ciudadanos en el tratamiento de las libertades civiles, como la libertad de tránsito, de expresión o de poder decidir qué hacer con tú cuerpo.
Boric incluso rechazó revisar el Decreto 10 este mes, cuando el 5 de mayo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció oficialmente el fin de la pandemia como tal, y la rebaja de la alerta mundial por el SARS-CoV-2.
El director de la OMS, Tedros Adhanom, ampliamente citado por los funcionarios de salud en Chile, precisó que “este es el fin de la Covid-19 como una emergencia sanitaria mundial“, aunque agregó: “Esto no significa que la Covid-19 haya terminado como una amenaza para la salud mundial”, pero lo dijo por el lado de que podrían haber nuevas y más letales cepas en el futuro.
Instituciones promueven la “dictadura sanitaria”
Si bien las medidas en Chile han ido relajándose, no deja de presentarse como un caso especial dentro del entorno global. Recién el 9 de mayo de 2023 se dejó sin efecto el “Plan Fronteras Protegidas”, que obligaba la solicitud de prueba test PCR para ingresar a Chile; el certificado de vacunas covid-19; y testeos PCR aleatorios a los viajeros, una medida que destruyó el turismo en el país.
Y en el reporte diario siguen presentes las “Residencias Sanitarias”, sitios de aislamiento de las personas que reportan síntomas de Covid-19, cuyo número fluctúa en 133 camas disponibles, de las cuales solo 4 camas están siendo utilizadas según reporte diario Ministerio de Salud del 24 de mayo.
En la actualidad, además, diferentes servicios, como telefónicas, indican que poseen protocolos para servicio de atención presencial a los clientes, donde continúan usando mascarillas y sugieren a sus clientes usar. Así como también se constata en el Metro de Santiago, donde el uso de barbijos o mascarillas sigue siendo sugerido, como también sigue siendo obligatorio usar en recintos de salud.
Por otra parte, el Poder Judicial chileno continúa con un tétrico sistema de control, por instrucción de parte de las Cortes de Apelaciones hacia los Conservadores y Notarios o Escribanos del país se les exige informar sobre el personal contagiado COVID-19, personal contagiado hospitalizado, y personal que se encuentre en cuarentena preventiva. Además de indicar edificios cerrados por casos positivos o preventivos.
Otra de las preocupaciones que han asomado en Chile se refiere al exceso de mortalidad, que en el mes de febrero llegó a un 16%, llegando a ser de las más altas de Sudamérica, la que algunos analistas explican por la postergación de otros tratamientos y baja de diagnósticos por motivos del combate contra la pandemia.
Recientemente se registraron casi siete mil mujeres con cáncer, cuyos casos han vencido en sus plazos de atención, golpeando profundamente las listas de espera de salud en cáncer y VIH/SIDA.
Asimismo, diputados republicanos e independientes como Johannes Kaiser, Chiara Barchiesi, Gloria Naveillan, Mauricio Ojeda y la diputada del PC, Marisela Santibáñez, presentaron el Proyecto de Resolución —votado a favor por amplia mayoría— que insta al Presidente Boric a crear un fondo de compensación a todas las personas que hayan sufrido efectos secundarios dañinos para la salud, como consecuencia de la vacunación contra el covid-19.
La presión para el nuevo tratado de pandemias, que está promoviendo la OMS y que le dará más poder a esta institución internacional global, es compartido por Ximena Aguilera, actual Ministra de Salud e indica “es por ello indispensable aumentar la solidaridad y la cooperación multilateral, y Chile está comprometido con ello, así como mejorar las capacidades de preparación prevención y respuesta ante emergencias sanitarias tanto a nivel global como regional y en cada uno de nuestros países con la OMS al centro de este proceso”.
Sobre esta situación la organización de profesionales de la salud e investigadores independientes, APSIIN, presentó un comunicado público ante los chilenos que señala su preocupación por la modificación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI 2005) y el tratado pandémico OMS (CA+) y advierte que afectará la “libertad de expresión y de investigación”, junto con vulnerar la “soberanía sanitaria y económica de los países integrantes”.
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