Lula reintroduce “Bolsa Familia”, un plan social eliminado por Bolsonaro que pasa por movimientos sociales y piqueteros
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El Presidente eliminó el “Auxilio Brasil” de Bolsonaro y volvió a introducir uno de los planes sociales más polémicos de su anterior gestión, foco de corrupción petísta.
El recién asumido presidente Lula da Silva emitió un decreto en las primeras horas al frente del gobierno que reintroduce el polémico plan social “Bolsa Familia“, que había sido eliminado por Bolsonaro por su alto nivel de corrupción, y reemplazado en su lugar por “Auxilio Brasil“.
El plan de Bolsonaro había establecido la ayuda social en R$ 600 reales por mes, un valor más alto que el que había dado Lula en el pasado, pero este dinero iría directamente a las manos de los necesitados, en vez de pasar por movimientos sociales y piqueteros como las transferencias durante los gobiernos del PT.
Ahora Lula volvió permanentes los aumentos de Bolsonaro pero reintrodujo la estructura de “Bolsa Familia”. Las familias asistidas percibirán un monto de hasta R$ 600 por mes, y se agregará un adicional de R$ 150 por cada hijos de hasta 6 años. Pero este dinero se repartirá entre distintos movimientos sociales y gremiales, que luego distribuirán en los barrios las asignaciones.
La maniobra política implicará además un masivo aumento del gasto público para 2023, valiéndose de una decisión del Congreso de excluir el plan social de la regla fiscal que establece un tope nominal para las erogaciones del Estado federal.
El Congreso facultó al nuevo presidente para ampliar el techo de gastos por un valor equivalente a US$ 28.000 millones en 2023 (R$ 145.000 millones de reales). Si bien los congresistas rechazaron la propuesta original de Lula que pretendía una ampliación de R$ 198.000 millones y levantar el techo de gastos hasta 2026, esta medida pondrá a Brasil nuevamente en el rojo fiscal.
Pero el equipo económico de Lula no anunció ni una sola medida compensatoria por el lado de los ingresos tributarios, sino más bien todo lo contrario. Mediante otro polémico decreto, Lula canceló todas las privatizaciones previstas por la gestión anterior, y de esta manera se anularon también todos aquellos recursos previstos por las mismas en el Presupuesto 2023.
Las privatizaciones significaron una gran ayuda para el equilibrio del déficit con criterio de “base caja” en los últimos meses de la administración Bolsonaro. Este factor se verá completamente anulado en la gestión de Lula, y el Gobierno brasileño ya no tendrá acceso a estos recursos.
Por otra parte, los decretos de Lula endurecieron las normas regulatorias para la actividad minera en la región de la Amazonía y esta disposición también implica un costo fiscal para el Estado desde el punto de vista de los ingresos, porque se dejarán de percibir regalías e impuestos internos asociados a la actividad.
Las propuestas del equipo económico incluyen una reforma tributaria para reducir “impuestos regresivos”, pero no explica cómo se compensará el brutal aumento del gasto público para no incurrir en un peligroso desequilibrio fiscal.
El nuevo ministro de Hacienda Fernando Haddad, el encargado de las finanzas públicas, aseguró que la administración no aceptará el déficit primario programado en R$ 220.000 millones en 2023, sino que “se trabajará activamente para reducirlo aún más”. Pero nuevamente, todas las medidas anunciadas hasta la fecha apuntan a aumentar el déficit y no se dieron mayores indicios de medidas tributarias restrictivas.
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