Dominicanos y Venezolanos Enfrentan Cargos por Desvío de Más de 3.8 Millones de Dólares en República Dominicana
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La Dirección Nacional de Persecución de Delitos Financieros del Ministerio Público de República Dominicana ha presentado una acusación formal ante el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en un caso que involucra la sustracción de aproximadamente cuatro millones de dólares (US$4,000,000.00) de un grupo de inversionistas estadounidenses. Estos fondos habían sido aportados para la instalación de un Banco de Ahorro y Crédito en el país, y la acusación señala a varios individuos como responsables de este fraude financiero.
Los Acusados y su Rol en el Fraude
Entre los acusados se encuentran Abelardo César Leites Campos y Mario José Ginebra Cocco, ambos panameños de origen venezolano y principales ejecutivos del Banco de Ahorros y Crédito Gruficorp y de la Corporación de Créditos Oficorp. Según la acusación, estos individuos se asociaron con los venezolanos Carlos Eduardo Salinas Rodríguez y Nicolás Giacoppini para desviar más de 3.8 millones de dólares, lo que equivale a más de 200 millones de pesos dominicanos, en perjuicio del empresario estadounidense Ran Mendel Cohen y la sociedad Banco de Ahorro y Crédito FDG (Financial Development Group).
La acusación formal incluye múltiples delitos, tales como asociación de malhechores, lavado de activos, estafa, falsedad en escritura de comercio, abuso de confianza, uso de documentos falsos y violación a la Ley No. 183-02, que regula el sistema monetario y financiero en el país. Estos delitos se habrían cometido con el objetivo de estafar a las víctimas y posteriormente tratar de legitimar o «lavar» los activos sustraídos a través de un entramado de empresas de fachada.
El Entramado Societario
Los acusados realizaron sus operaciones a través de un complejo entramado de empresas de carpeta, que incluye nombres como Positano Management Limited, JollyFoods, SRL, Backarrow Group Limited, Inc., y muchas más. Este tipo de estructuras empresariales se utilizan comúnmente para ocultar el verdadero origen de los fondos y facilitar actividades ilícitas. La Fiscalía ha identificado estas empresas como parte integral del esquema de fraude, lo que ha permitido a los acusados desviar los fondos sin levantar sospechas inmediatas.
Las Víctimas y su Representación Legal
Las víctimas de este fraude son el Banco de Ahorro y Crédito FDG y sus principales accionistas, quienes han sido representados en el proceso por un equipo de abogados que incluye a César Amadeo Peralta, Fidel Pichardo Baba, Leo Sierra Almanzar, Jorge Lora Olivares, Cristian Eduardo Pichardo y José N. Peralta Barrientos. Estos abogados han presentado una querella formal en nombre de sus clientes, buscando justicia y compensación por las pérdidas sufridas.
Los inversionistas estadounidenses habían planeado realizar grandes inversiones en República Dominicana, atraídos por la promesa de un entorno de seguridad jurídica. Sin embargo, confiaron en empleados venezolanos que llegaron al país para ayudar en la apertura del banco, solo para descubrir que sus ahorros habían sido sustraídos a través de diversas modalidades de fraude.
Consecuencias Legales y Posibles Sanciones
El caso ha generado gran interés en la opinión pública y ha puesto de relieve la necesidad de una mayor vigilancia en el sector financiero. Las sanciones que enfrentan los acusados son severas; si se demuestra su culpabilidad, podrían enfrentar penas de prisión que van de 10 a 20 años, además de multas significativas e indemnizaciones a favor de las víctimas.
Además, otros involucrados en el caso han optado por colaborar con el Ministerio Público, entregando bienes obtenidos a través de actividades delictivas. Esta cooperación podría influir en la severidad de las sanciones impuestas a los acusados principales.
La Importancia de la Vigilancia Financiera
Este caso subraya la importancia de la vigilancia y regulación en el sector financiero de República Dominicana. La confianza de los inversionistas extranjeros es crucial para el desarrollo económico del país, y incidentes como este pueden tener un impacto negativo en la percepción internacional sobre la seguridad jurídica en la nación.
El Ministerio Público ha reiterado su compromiso de investigar a fondo este caso y de llevar a los responsables ante la justicia. La lucha contra el fraude financiero y el lavado de activos es una prioridad, y se espera que este caso sirva como un precedente para futuras acciones legales en el sector.
Conclusiones
La acusación formal presentada por el Ministerio Público contra Abelardo César Leites Campos, Mario José Ginebra Cocco y otros involucrados en el desvío de 4 millones de dólares es un recordatorio de los riesgos que enfrentan los inversionistas en el ámbito financiero.
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