Venezuela promulga ley que restringe el funcionamiento de ONG y organizaciones sociales

Caracas, Venezuela – El pasado 3 de diciembre, se publicó en la Gaceta Oficial Número 6.855 Extraordinaria la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro. Este documento legal, que data del 15 de noviembre, fue aprobado en segunda discusión por la Asamblea Nacional en agosto y ha generado una fuerte controversia en el país.

Oscar Murillo, coordinador general de la ONG Provea, ha calificado esta normativa como la “ley antisociedad”, argumentando que busca ejercer un mayor control sobre las ONG y cerrar el espacio cívico en Venezuela. Murillo considera que la publicación de esta ley no es un hecho aislado, sino que se produce en un contexto de represión, con denuncias de detenciones arbitrarias de opositores y violaciones a la legislación electoral.

“2024 ha sido el año con mayores retrocesos en el área de democracia y derechos humanos”, afirmó Murillo, quien sostiene que la ley tiene como objetivo controlar y fiscalizar a las organizaciones civiles y fundaciones sin fines de lucro en el país.

A pesar de que el artículo 3.1 de la ley establece que su finalidad es “facilitar el ejercicio del derecho a la asociación como derecho humano”, Murillo argumenta que impone controles excesivos y sanciones desproporcionadas que limitan la libertad de asociación, expresión y participación en asuntos públicos. Las asociaciones civiles, independientemente de su actividad, se verán afectadas por esta normativa.

Uno de los aspectos más controvertidos de la ley es que las organizaciones deberán cumplir con una serie de requisitos administrativos para obtener personalidad jurídica y autorización para funcionar. El artículo 12 establece que los representantes de las ONG deben presentar una serie de documentos, lo que, según Murillo, representa una trampa que pone en riesgo la existencia de estas organizaciones.

La ley, que consta de 39 artículos, también contempla sanciones severas, que van desde multas económicas “insostenibles” hasta la suspensión y disolución inmediata de las organizaciones. Las multas por incumplimiento de la ley pueden oscilar entre 100 y 1,000 veces el tipo de cambio oficial, y en caso de reincidencia, el monto puede aumentar entre 500 y 10,000 veces.

Murillo enfatizó que las ONG en Venezuela ya cumplen con leyes establecidas en períodos democráticos que garantizan la transparencia y la rendición de cuentas. “Esta nueva ley no tiene otro objetivo sino el de restringir la independencia de estas organizaciones y silenciar las voces críticas en el país”, sostuvo.

El coordinador de Provea advirtió que los sectores más vulnerables de la población, que dependen de la ayuda de las ONG, serán los más perjudicados por la aplicación de esta ley. “Las familias, las víctimas y las comunidades que recurren a nosotros son el verdadero objetivo de esta normativa restrictiva”, afirmó.

Provea no descarta recurrir a instancias legales para impugnar la ley y documentar su improcedencia ante el Tribunal Supremo de Justicia. La promulgación de esta ley ha generado un amplio debate sobre el futuro de las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela y su capacidad para operar en un entorno cada vez más restrictivo.

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