Basados en Ley contra estafadores y corrupción sindicalistas venezolanos reformularán demanda contra José Vicente Carrasquero y Orlando Viera-Blanco por corrupción en contratos de Pdvsa ad hoc

La demanda, que asciende a más de cinco millones de dólares, acusa a los demandados de malversar fondos de Pdvsa ad hoc mediante contratos fraudulentos otorgados por Horacio Medina a empresas de maletín en las que Carrasquero tendría intereses

La Corte Federal del Distrito Sur de Florida, presidida por la jueza Cecilia M. Altonaga, ha instruido a un grupo de sindicalistas venezolanos a reformular su demanda contra José Vicente Carrasquero, Orlando Viera-Blanco y otros, por presuntos actos de corrupción relacionados con la administración de contratos de PDVSA ad hoc. La jueza Altonaga destacó que la demanda inicial, presentada el 28 de octubre, necesitaba ajustes para cumplir con las normas procesales y centrarse en las reclamaciones civiles que el tribunal puede procesar.

La demanda, que asciende a más de cinco millones de dólares, acusa a los demandados de malversar fondos de Pdvsa ad hoc mediante contratos fraudulentos otorgados por Horacio Medina a empresas de maletín en las que Carrasquero tendría intereses. Estos contratos, oficialmente destinados a labores de «lobby» en Estados Unidos, habrían sido empleados para enriquecer a ciertos individuos y financiar campañas de difamación y acoso contra líderes sindicales críticos de la gestión de Pdvsa.

José Zárraga, líder sindical petrolero y uno de los demandantes, confirmó que el grupo mantendrá en la demanda reformulada la acusación bajo la Ley RICO (Ley de organizaciones corruptas e influenciadas por los estafadores o Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act). Esta normativa permite argumentar que los actos de los acusados forman un patrón sistemático de corrupción y hostigamiento que afecta los derechos de los sindicalistas. “La Ley RICO es esencial para desenmascarar la red de corrupción y represalias que estos individuos han instaurado en Pdvsa ad hoc. Estamos luchando no solo por nosotros, sino por la dignidad de todos los trabajadores venezolanos”, declaró Zárraga.

La demanda inicial también sostiene que los demandados incurrieron en amenazas y actos de represalia contra los sindicalistas, quienes son demandantes protegidos en otro caso federal. Estos actos, presuntamente en violación de órdenes judiciales de protección, constituyen manipulación de testigos. Los sindicalistas han anunciado que el próximo martes 12 de noviembre, además de presentar la demanda revisada, acudirán a la oficina del fiscal de Florida para formalizar las denuncias penales sobre estas amenazas y activar los mecanismos judiciales correspondientes.

Además de la reclamación bajo RICO, los sindicalistas mantendrán en la demanda las peticiones de compensación por daños emocionales y psicológicos, así como la indemnización por pérdida de ingresos y daños a la reputación profesional. Estas reclamaciones reflejan las afectaciones directas sufridas por los sindicalistas debido a las campañas de difamación y acoso que, según ellos, fueron financiadas con recursos de Pdvsa ad hoc. En cumplimiento de las instrucciones de la jueza Altonaga, eliminarán las referencias a delitos penales como fraude electrónico y acoso cibernético, los cuales serán procesados de manera independiente a través de denuncias penales.

Eladio Mata, secretario general del Sindicato de Trabajadores y Obreros de la Alcaldía Metropolitana y otro de los demandantes, enfatizó la relevancia de esta acción legal. “Es inaceptable que los fondos de nuestra industria se destinen a campañas de acoso mientras se ignoran los derechos de los trabajadores y se utilizan los recursos para beneficio personal”, declaró Mata, quien sobrevivió a un atentado contra su vida supuestamente vinculado a sicarios de Pdvsa.

José Villazana, otro líder sindical y activista del sector aluminio en la demanda, expresó que la lucha por justicia y transparencia en Pdvsa es una responsabilidad de todos los trabajadores. “Nuestro objetivo es garantizar que se rinda cuentas por cada abuso y por cada fondo malversado que debió haberse destinado a la mejora de nuestra industria y no a enriquecer a unos pocos”, afirmó Villazana.

La combinación de las reclamaciones bajo la Ley RICO, los daños civiles y el inicio de un proceso penal ante el fiscal de Florida refuerza la determinación de los sindicalistas de perseguir justicia integral y enfrentar los abusos de poder dentro del sistema judicial estadounidense.

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