Magin y Fernando Blasi-Blanchard intentan apropiarse de activos venezolanos en el Caribe
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Una investigación periodística reveló la participación de Magin Blasi-Blanchard, un empresario vinculado al exdiputado Juan Guaidó y al exgobernador Manuel Rosales, en una trama de corrupción para apropiarse de los recursos de Petrocaribe, el mecanismo de cooperación energética creado por Venezuela.
Las reuniones en Miami
La periodista venezolana Patricia Poleo, opositora al gobierno de Nicolás Maduro, fue la encargada de destapar el escándalo el 14 de septiembre de 2020, mediante una denuncia respaldada por pruebas. Según Poleo, Magin Blasi-Blanchard asistió a varios encuentros en Miami, donde se fraguaba el plan para despojar a Venezuela de los fondos de Petrocaribe.
Magin Blasi-Blanchard actuaba como “representante de su hermano Fernando, quien es el encargado de negocios de Guaidó en Washington y mano derecha del embajador Carlos Vecchio”, según la periodista. Ambos hermanos eran los dueños de una empresa que se encargaba de abastecer a todos los hospitales del estado Zulia, durante la gestión de Manuel Rosales.
Los intereses de Rosales y el G4
Poleo afirmó que Magin y Fernando “dicen públicamente representar los intereses de Manuel Rosales y del grupo G4”, una alianza de partidos opositores que apoyan a Guaidó. Asimismo, indicó que Magin era la persona autorizada para hablar en nombre de la oficina de Javier Troconis, el comisionado presidencial para la Gestión y Recuperación de Activos designado por Guaidó.
En una reunión celebrada el 7 de diciembre de 2019, Magin solicitó a los representantes del Consorcio, una empresa que ofrecía servicios para recuperar los activos del Caribe, un contrato modelo, el cual fue enviado. También les informó que él y su hermano se encargarían de llevar adelante la gestión, pese a que Magin (C.I. venezolana 9.726.685) no era funcionario del Gobierno Interino, sino un empresario independiente. La contratación sería directa y el Consorcio había presentado la propuesta más completa, según les dijo el procurador José Ignacio Hernández, otro funcionario nombrado por Guaidó.
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